El acuerdo en esta cuestión es sintomático del empeño que los dos grandes partidos nacionales han puesto en sacar adelante la reforma estatutaria en el Congreso de forma conjunta. Aún así, el PP pone todo su empeño en demostrar que son los socialistas, y no ellos -que votaron en contra del texto aprobado por el Parlamento andaluz-, quienes se mueven. El presidente del partido en la comunidad autónoma, Javier Arenas, aprovechó su intervención en la primera sesión de la Comisión Constitucional que ahora analiza el proyecto para afirmar que "estamos asistiendo a un nuevo texto", más acorde a la Constitución tras las 117 enmiendas introducidas en la fase de ponencia.
La representante del Partido Andalucista, Pilar González, rechazó esta interpretación y llamó la atención sobre el hecho de que el PP está dispuesto a dar por buenos ahora preceptos que rechazó en el Estatuto catalán como el de la laicidad de la enseñanza y el "derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte". El principal partido de la oposición defiende, sin embargo, que no existe punto de comparación posible.
Antes y después
El acuerdo de ayer sustituye la redacción del proyecto original -"La enseñanza pública es laica, sin perjuicio del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones"- por una que antepone el derecho paterno al carácter laico de la educación y que hace derivar este de la Constitución. Quedaría así: "Los poderes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica".
