El PIN parental: un ataque a la escuela pública, al pluralismo democrático y a los derechos de la infancia

El profesorado, y la comunidad educativa en su conjunto, han de estar muy alerta para desentrañar todas las maniobras de quienes en nombre de la libertad quieren cargársela imponiendo sus particulares puntos de vista; o de quienes apelando a la democracia resucitan viejos y nuevos autoritarismos.

Vox -el partido donde se funde el franquismo histórico con los postulados de la nueva extrema derecha- cabalga a galope en la educación. Su primera iniciativa es la del Pin parental, mecanismo que permite a las familias vetar actividades y contenidos que se opongan a sus creencias morales e ideológicas. Esta iniciativa trata de arrastrar a los otros partidos de la derecha -Partido Popular y Ciudadanos- que gobiernan en las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Murcia. El Ministerio de Educación ha ha enviado una interpelación para que no se aplique al entender que vulnera la legalidad democrática y los derechos de la infancia. Los contenidos que se cuestionan por parte de Vox son, de momento, los relacionados con la diversidad afectivo-sexual y la igualdad de género. Por eso también se han pronunciado en su contra diversos colectivos educativos y sociales, entre ellos los feministas y LGTBI.

Lo del veto parental no puede leerse como una propuesta aislada sino que forma parte de una ofensiva que las fuerzas conservadoras y reaccionarias van fraguando desde hace tiempo y que, a buen seguro, con el nuevo gobierno de izquierdas, emergerán con más virulencia al menos en tres direcciones y contextos.

La primera ofensiva, es la de la privatización, concretada en la libre elección de centro, un proceso que poco tiene que ver con la libertad educativa real, con un derecho democrático y mucho menos con la igualdad de oportunidades, pues genera un alto grado de segregación y marginación (véase artículo de Julio Rogero). Su discurso es claro: primero elegimos el centro que más nos conviene por nuestra posición social y luego hacemos un uso extensivo y abusivo de la libertad para imponer lo que nuestros hijos deben aprender en función de nuestros intereses particulares, de nuestras convicciones ideológicas y de nuestras creencias religiosas.

La segunda ofensiva, expresada de forma encubierta, trata de deteriorar la imagen de la escuela pública, atribuyéndole, mediante una burda manipulación, la falta de libertad y el adoctrinamiento ideológico. Para lograr tal propósito no es necesario demostrar nada con datos y evidencias. Basta con generar ruido mediático, confusión entre las familias, miedo entre el profesorado y dudas e incertidumbres sobre el funcionamiento presente y futuro de la escuela pública, en un momento en que este modelo escolar goza de tanta o más calidad que la escuela concertada. El futuro sí les preocupa y mucho: porque la pugna por la captación de más alumnado -clientes, les llaman- se acrecienta en un momento de progresivo descenso demográfico. Una batalla de enorme calado por la hegemonía educativa y cultural.

La tercera ofensiva se sitúa en el ámbito internacional y es compartida por todos aquellos países gobernados o con una influencia poderosa de la extrema derecha, y alentada por grupos evangélicos extremistas o ultracatólicos. La lista es larga y viene de lejos. Basta recordar, a modo de ejemplo, las negativas de bastantes centros estadounidenses a enseñar la teoría darwinista de la evolución o, más recientemente, las tentativas del activismo de los derechos de los hombres blancos -que no humanos- que “se sienten discriminados”; la caza de brujas emprendida contra la presencia de Paulo Freire en las aulas por parte del gobierno brasileño de Bolsonaro, o las presiones de padres y madres para que no se pasen ciertos vídeos sobre cuestiones consideradas controvertidas y que han terminado con expulsiones docentes; y en distintas comunidades autónomas del Estado español ya se han dado casos de denuncias familiares que han terminado en el juzgado por defender en las aulas el legítimo derecho de huelga, por comentar conflictos sociales y políticos, por cuestiones relativas a la diferencia sexual o por la enseñanza de otras lenguas cooficiales junto al castellano. Y mañana, el foco de la denuncia y la censura puede trasladarse a la inmigración, las personas refugiadas, el cambio climático o la memoria histórica. Tampoco ayuda demasiado el hecho de que el cordón sanitario que se mantenía en Italia contra el fascismo o en Alemania contra el nazismo se haya relajado y hasta desactivado en algunos aspectos.

La iniciativa del veto parental u otras de carácter similar atentan contra derechos básicos, el pluralismo en una sociedad democrática y contra la función de una escuela abierta a la realidad. Vayamos por partes.

En primer lugar, el veto parental contradice algunos artículos básicos de la Constitución, el espíritu y la letra la LOMCE -la actual ley educativa- que reconoce la educación integral, así como a la normativa que desarrolla el currículo en las comunidades autónomas, donde se incluyen contenidos y actividades como los que se pretenden impugnar. También contradice los diversos tratados internacionales como los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de la Infancia que reconoce que esta es sujeto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre los cuales cabe mencionar el respeto a la diversidad de género, sexual y racial; el de la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión; y el derecho a la información y a no ser objeto de intromisiones. El Estado y los poderes públicos, al igual que cuida de la protección física y psíquica de la infancia, también ha de velar por la protección de sus derechos éticos y democráticos. Estos están por encima de las creencias de las familias. La libertad no se impone sino que se ejercita de forma autónoma. Nadie puede atribuirse su monopolio.

En segundo lugar, la escuela pública en una sociedad democrática garantiza el pluralismo, con la inclusión, el intercambio y el aprendizaje de las diversas ideas, visiones y valores. Asimismo, protege el más escrupuloso respeto hacia las distintas maneras de ser, definirse y relacionarse de los seres humanos, en razón de su sexo, cultura u otras, siempre y cuando no atenten a los derechos anteriormente señalados; pero el respeto a la diversidad no puede desligarse de la igualdad, porque los seres humanos somos o deberíamos ser más iguales -en derechos- que diferentes. La escuela democrática no adoctrina, no impone una determinada manera de pensar -el qué pensar- sino que abre caminos al pensamiento y a la reflexión: al cómo pensar, una distinción que no es baladí. Por eso destierra adoctrinamientos, dogmatismos, sectarismos y fundamentalismos. Por otro lado, no hay democracia sin participación ni control. De ahí que en la actualidad se contemplen diversos mecanismos de participación y control democrático de los diversos actores educativos y, entre ellos, la familia: asociaciones de padres y padres, consejos escolares, representantes de clases, etc. Y si es necesario se crean otros con tal de mejorar la fluidez informativa y comunicativa. Y es en este contexto que, a principios de curso y cuando haga falta, se explican los proyectos educativos de centro, los contenidos del currículo y la programación de las diversas actividades. Y, obviamente, en el ámbito familiar, hay un amplio campo para desarrollar libremente otro tipo de intervenciones educativas que pueden superar mucho o poco con las contempladas en el currículo. Pero las reglas que regulan el espacio privado son distintas de las que conforman el ámbito público.

Y en tercer lugar, existen razones pedagógicas de peso. ¿Quién puede negar a estas alturas que la escuela ha de abrirse a la realidad y a la vida o que, al propio tiempo, la riqueza de la vida cotidiana no entre en las aulas? ¿Acaso una de las funciones de la escuela no es la de mostrar el mundo y el de comprenderlo a tenor de los cambios acaecidos en el campo tecnológico, económico, social y cultural? ¿Qué movimientos de innovación o renovación pedagógica, desde la más amplia pluralidad, no han tratado de responder afirmativamente a estos interrogantes? La educación escolar educa para la formación de un pensamiento libre y para la adquisición de un criterio propio. Para ello cabe ensanchar la mirada y no cerrarla, así como aprender a leer una realidad cada vez más compleja y cambiante con todos sus colores y no reduciendo la paleta al blanco y negro. Hannah Arendt lo dice muy bien: “Cuantos más puntos de vista tengamos presentes cuando estemos valorando un asunto determinado, y como mejor me pueda imaginar cómo sentiría y pensaría si estuviera en el lugar de otros, más fuerte será mi capacidad de pensamiento representativo y más válidas serán mis conclusiones, mi opinión”.

El profesorado, y la comunidad educativa en su conjunto, han de estar muy alerta para desentrañar todas las maniobras de quienes en nombre de la libertad quieren cargársela imponiendo sus particulares puntos de vista; o de quienes apelando a la democracia resucitan viejos y nuevos autoritarismos.

Jaume Carbonell

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