Fachada del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles franciscanas de Granada, en el barrio del Realejo. FERMÍN RODRÍGUEZ
La denuncia de la venta en el Rastro de varias piezas de un convento cerrado en Granada revela la falta de un inventario de bienes culturales de la Iglesia, pendiente desde 1987
El pasado 1 de julio, A. B. alertó al Fiscal de Medio Ambiente de un posible expolio de bienes en la iglesia conventual de Nuestra Señora de los Ángeles, en Granada. Paseaba junto a un amigo por el Rastro de Madrid y al entrar en uno de los anticuarios de la calle del Carnero reconoció varias piezas del convento, cerrado a principios de año por falta de vocaciones. Expuestas al público, como el resto de las obras en venta, según la denuncia, se encontraban una imagen en madera de San Juan de Dios; un templete procesional dorado y policromado del altar mayor; un cuadro-cornucopia con pintura de la Virgen de los Desamparados de Valencia, procedente del coro bajo de la iglesia. También se vendía uno de los bancos. Pudieron hacer unas fotos y preguntar al encargado por el precio: “Cada una 2.500 euros”, les respondió, tal y como denunciaron al fiscal.
Ambos prefieren ocultar sus nombres, pero aportan la respuesta del fiscal a su denuncia: “La representante legal del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Granada manifestó en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada que las imágenes y el banco procedentes del convento se encontraban en el Rastro de Madrid y fueron trasladados con la finalidad de solicitar un presupuesto de restauración y que, ante la falta de acuerdo al respecto, las imágenes (y posteriormente también el banco) fueron devueltas al convento”. Como indica el escrito del fiscal, las piezas del cenobio de Granada volvieron a su comunidad de origen, en los conventos del Santo Ángel Custodio y de la Encarnación. El fiscal José Marta García concluyó en su escrito “que no existe razón alguna para dudar acerca de las razones que motivaron su traslado temporal a Madrid”.
Tras casos como este late un problema que afecta a los bienes artísticos en poder del clero: no existe inventario actualizado del patrimonio cultural de la Iglesia Católica, pese que este se está redactando desde 1987. Eso permite que las piezas eclesiales no registradas puedan venderse u ofrecerse con total impunidad.
El pasado 4 de julio, Eva García Sempere, diputada de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, preguntó al Gobierno si dispone del inventario patrimonial de la Iglesia Católica o, en caso negativo, cuándo prevé tenerlo. También preguntó por los planes del Gobierno para impulsar la creación de un listado de bienes muebles de la Iglesia que pertenezcan al ámbito cultural. El 27 de septiembre el Gobierno le respondió que son las comunidades autónomas y la Iglesia las que lo realizan desde hace 31 años, pero “dada la envergadura de la tarea, no resulta fácil el estudio de la trazabilidad de los bienes y no existen estadísticas a este respecto”.
Desde el Ministerio de Cultura apuntan que “la elaboración de ese inventario está en marcha, habiéndolo finalizado ya algunas comunidades autónomas mientras que otras siguen en proceso”, sin señalar cuáles lo han terminado, cuáles no y dónde se puede consultar. La Delegación de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal admite que “cada inventario de bienes muebles lo hacen desde las diócesis”.
Lourdes Labaca Zabala, profesora en el Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado y de Derecho Romano, en la Universidad del País Vasco, explica: “En el acuerdo firmado entre la Iglesia y el Estado en 1987 no hay fecha para la creación del inventario de los bienes muebles. Por eso la Iglesia no incumple con la Ley de Patrimonio, aunque esté obligada a hacerlo. Existe la obligatoriedad, pero no tiene plazo. No creo que veamos el inventario, porque no interesa ni a los políticos ni a la Iglesia”.
Fernando Carrera, presidente de la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España (ACRE), asegura que en el Rastro, entre sus asociados, no hay restauradores en arte sacro. Le extraña mucho la excusa de la restauración en el caso de los bienes aparecidos en el mercadillo madrileño: “Eso suena fatal. El mueble no se traslada, se mueve el restaurador”, dice. El taller Cerdá e hijos, con más de 40 años de experiencia en Castilla y León, explica que para un presupuesto no movilizan los bienes a la tienda, sino que son los restauradores los que se desplazan hasta la iglesia, el convento o el monasterio. Mucho menos entre provincias, como de Granada a Madrid.
El Arzobispado de Granada, por su parte, sostiene: “No teníamos conocimiento del caso”. “Los conventos son autónomos y dependen directamente de la Orden”, añaden. La madre federal de la congregación, en el convento de Santa Clara de Jesús, en Estepa, confirma el cierre, pero tampoco aclara el motivo del traslado. “Es muy doloroso el proceso de cierre, pero la sequía vocacional actual, ha conllevado a esta situación”, apunta por correo electrónico sor Josefa.
La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es contundente: la Iglesia tiene prohibido el libre comercio de sus bienes [inventariados]. Solo puede hacerse cargo de ellos el Estado. “El patrimonio religioso corre peligro por el final de las vocaciones y el cierre de conventos y monasterios”, cuenta A. B. “¿Qué pasará con el final de todas las vocaciones que se avecina?”, se pregunta.
El Arzobispado de Granada no aclara si ha acabado su inventario. El responsable de Protección del Patrimonio en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Becerra, admite que el listado de toda la comunidad no está finalizado, porque depende del presupuesto. “No sabemos cuándo acabaremos”, añade.
El investigador Andrés Álvarez Cortina defiende en “Bienes para una cooperación eficaz Iglesia-Estado” (en un estudio de 2005), que “la Iglesia siempre se ha mostrado reticente a la elaboración de estos inventarios, ya que esto supone poner en evidencia los tesoros artísticos que ella detenta”. Los expertos aseguran que la Iglesia siempre se ha resistido a los efectos de la aplicación de la normativa estatal sobre protección del Patrimonio Cultural.
“El inventario es importante para conocer la riqueza que debemos custodiar y proteger. Si no figura en un catálogo, no existe y queda fuera de control”, asegura Lourdes Labaca, que alerta sobre otro peligro: los conventos están en suelo urbanizable “muy sugerente” y venden, aunque haya vocaciones. “No tenemos datos de cierres de conventos ni de la caída de vocaciones, como tampoco los tenemos sobre el número de bienes que custodian”, cuenta la profesora para subrayar la opacidad con la que actúa la Iglesia sobre la parte más amplia del patrimonio histórico español.
