El Parlamento Vasco da la cara por los profesores de Religión

El Parlamento Vasco aprobó ayer una Proposición No de Ley (PNL) presentada por PNV, PP y EA a instancias de la mayoría sindical representativa del profesorado de Religión (LSB-USO, ELA, FETE-UGT) para instar al Gobierno vasco a "la integración del profesorado de religión de Infantil y Primaria, recientemente transferido a la Administración de Euskadi, en el convenio colectivo" del resto de profesores adscritos al Departamento de Educación.

Con esta proposición, la mayoría sindical y política plantan cara a la maniobra del Gobierno vasco. Desde el primer momento, la mayoría sindical del colectivo pidió al Departamento de Educación la integración plena de esos docentes al convenio colectivo vigente para el personal laboral docente de Religión dependiente de Lakua, por ser el marco natural de integración de ese colectivo. Por eso, pidieron que se incluyese al colectivo en el ámbito de aplicación del convenio colectivo del Gobierno vasco para su personal de Religión (hasta julio era el profesorado de Secundaria). La respuesta de Educación fue negativa, proponiendo en un principio mantener la precariedad laboral que traían del Ministerio.

Los sindicatos protestaron y solicitaron apoyo al Parlamento. Tras analizar la situación los grupos parlamentarios EAJ/PNV, EA y PP decidieron presentar en julio una proposición en la que instaban al Ejecutivo a "integrar al profesorado de religión de Primaria, recientemente transferido, en el convenio colectivo vigente del personal laboral docente de religión dependiente del Departamento de Educación, a todos los efectos y con las mismas condiciones y derechos que el resto del personal laboral docente de religión actualmente dependiente de la Administración pública vasca".

A pesar de todo, el Departamento de Educación ha continuado negándose a realizar una transferencia digna en condiciones, a pesar de que el montante de la transferencia de este colectivo ascendía a 16,5 millones, cuando el costo de integrar a estos trabajadores y trabajadoras en el ámbito de aplicación del convenio colectivo del Gobierno vasco no llegaba a los 10 millones. Es decir, este colectivo de trabajadores y trabajadoras ha llegado con un pan bajo el brazo y la acogida del Gobierno vasco ha consistido en "quitarles el pan que traían y querer convertirles en trabajadores de segunda categoría", afirman fuentes de este colectivo.

Los sindicatos han visto el peligro de esa actitud "injusta" del Gobierno vasco con este colectivo recién transferido y han visto en ese comportamiento "cicatero" un aviso a navegantes de las intenciones del Educación de "precarizar" a la totalidad de los empleados públicos.

Según EAJ/PNV, no existen razones de peso económicos ni organizativos para poner trabas a la plena integración de dicho colectivo y considera que existe presupuesto más que suficiente para hacer frente a dicha regularización. Según fuentes del sector, ahora el Gobierno "no puede seguir buscando más excusas" y tiene ya un horizonte de negociación con la parte social que cuenta con el apoyo de los sindicatos representativos y con el aval del Parlamento Vasco. Por ello, tendrá que acatar este mandato, que aunque no tenga valor jurídico tiene un eminente valor moral por haber conseguido aunar la práctica totalidad política y sindical de Euskadi.

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