Ahora, la ley vaticana por la que se rigen los sacerdotes de todo el mundo establece que los delitos de abuso sexual prescriben a los 25 años de la mayoría de edad de la víctima
Roma interviene a la Iglesia chilena, en la que al menos un tercio de los obispos han sido acusados de encubrimiento de abusos y cuyo encuentro en el Vaticano se celebra desde este martes
Las decisiones que se tomen en Chile y sobre Chile decidirán el futuro de los más de 3.000 casos de pederastia que aún no han sido juzgados en Roma
“El Papa se está jugando su credibilidad y, en definitiva, el futuro de las reformas”. Así define un arzobispo de la Curia vaticana el encuentro que desde este martes reúne en Roma a la totalidad de la cúpula de la Iglesia chilena con Francisco, para abordar las “heridas devastadoras” de las denuncias de abusos sexuales por parte de clérigos en el país, y el encubrimiento sistemático de los obispos.
Al menos un tercio de los prelados que se encuentran con Bergoglio, incluidos el actual nuncio y el cardenal Errázuriz –uno de los miembros del C9, el grupo de cardenales que asesora a Francisco en su proceso de reforma de la Curia–, han sido denunciados por las víctimas de mirar hacia otro lado y no mover un músculo para frenar la lacra de los abusos. Un Errázuriz al que, por cierto, el Papa tuvo que llamar personalmente para conminarle a acudir a una reunión a la que, en principio, había decidido no asistir. De hecho, ha sido el último de los 33 obispos chilenos en llegar a Roma.
Se necesitan medidas, urgentes y duraderas, para frenar la pérdida de credibilidad en la Iglesia chilena por los abusos sexuales. Una mancha que se extiende por todo el mundo –Australia, España, Alemania, Ecuador, Perú, Italia, Irlanda, Estados Unidos– y que impregna a toda la institución, que sufre una de las peores crisis que se recuerdan.
El Papa es consciente de que de la resolución del escándalo en Chile depende, en buena medida, el futuro de la institución y de las reformas que desde hace cinco años viene implementando en el interior de la Iglesia. La “tolerancia cero” frente a los abusos que Francisco planteó desde el primer momento ha comenzado a dar frutos, pero los escándalos continúan sepultando cualquier mejora.
Miles de casos detenidos en Doctrina de la Fe
Así, en la Congregación para la Doctrina de la Fe (el órgano que vigila el cumplimiento de la doctrina de la Iglesia) siguen sin aclararse más de 3.000 casos de abusos y encubrimiento. Los papeles se amontonan en los tribunales vaticanos que, pese a los cambios en la normativa para endurecer las penas para los sacerdotes pederastas y religiosos (sobre todo obispos) encubridores, siguen sin contar con los medios necesarios para acelerar los procesos y que éstos no acaben prescribiendo.
Una de las medidas que se plantean en el encuentro de esta semana, y que el Papa lleva pensando con su círculo de confianza desde hace meses, es la modificación del Código de Derecho Canónico (el que rige para los religiosos de todo el mundo y que tiene leyes y tribunales como los sistemas judiciales civiles) para lograr que todos los delitos relacionados con abusos a menores, abusos sexuales y encubrimiento no prescriban jamás. Una decisión que, de producirse, supondría una auténtica revolución, porque no se limitaría a Chile, sino que se universalizaría para toda la Iglesia, en todo el mundo.
En estos momentos, y tras las reformas de Francisco, la prescripción canónica de los abusos ha pasado de los 15 a los 25 años desde que la víctima supera la mayoría de edad. Un límite mucho mayor al que se da en nuestro país, donde los delitos por abusos a menores dejan de ser perseguidos penalmente entre 5 y 10 años después de que la víctima cumpla los 18.
Por ejemplo, durante el proceso del llamado ‘clan de los Romanones’, y pese a los indicios del juez de instrucción, solo pudo juzgarse a uno de los 12 inicialmente imputados, por la única razón de que los presuntos delitos habían prescrito. Los inicialmente investigados pasaron automáticamente a ser testigos de la defensa del padre Román, quien finalmente fue declarado no culpable.
Junto a la imprescriptibilidad, Francisco pretende dotar a los tribunales diocesanos y a la propia Doctrina de la Fe de más personal y, sobre todo, cambiar la formación y los controles de los futuros sacerdotes, para evitar, de un lado, la entrada a los seminarios de posibles abusadores; del otro, concienciar, en el interior de la Iglesia, de la importancia de este tema. Porque uno de los grandes problemas para acabar con los abusos a menores en la Iglesia católica está en minimizar los casos, y tratar de resolverlos desde dentro, lo que ha provocado un ‘muro de silencio’ que ha de derribarse.
En lo tocante al encubrimiento, Bergoglio quiere cambiar el proceso de selección de obispos, que hasta la fecha depende de los escrutinios interiores y los informes de los nuncios. En el caso de Chile, desde hace décadas este procedimiento se ha demostrado fallido. De hecho, dos de los máximos responsables –en opinión de las víctimas– de la cadena de encubrimientos en la Iglesia chilena fueron el cardenal Sodano (quien fuera Secretario de Estado con Juan Pablo II y anteriormente nuncio en el Chile de Pinochet), y el actual nuncio, Ivo Scapolo, cuyos días en el país andino están contados.
