Costa Rica es, con Afganistán, el único país del mundo en el que está prohibida la fecundación in vitro. El Vaticano quiere que siga así y el propio papa Benedicto XVI acaba de pedirlo al gobierno
Fue en el año 2000 cuando un dictamen jurídico prohibió aplicar esa técnica de reproducción asistida en esta nación centroamericana. Entonces, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que violaba el derecho a la vida de los embriones que no eran implantados en el útero materno. Un año después, 10 parejas costarricenses interpusieron un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por coartarse su acceso a ser padres. La comisión que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos para la protección de los derechos humanos reprendió al país por la medida y en agosto de este año fue más allá, al exhortar al Estado costarricense que legalice la fecundación in vitro (FIV), porque su prohibición viola derechos fundamentales de las parejas del país.
La CIDH calificó la decisión del tribunal constitucional de “interferencia arbitraria y una restricción incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José por haberse firmado en la capital costarricense. Específicamente, detalló, viola el artículo 17, que establece como fundamental el derecho de todo hombre o mujer a formar una familia. La Comisión dio de plazo hasta el 2 de febrero para que el gobierno de la conservadora Laura Chinchilla avance claramente en la eliminación de la excepcionalidad costarricense en cuanto a la FIV, para no pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José y cuyos fallos son inapelables.
La polémica en Costa Rica se produce cuando el padre de la técnica pionera de la FIV, Robert Edwards, acaba de recibir en Estocolmo el día 10 el Premio Nobel de Medicina 2010, y cuando se cumplen 42 años del nacimiento de la primera “bebe probeta”, la británica Louise Brown. Para evitar la demanda ante la Corte Interamericana, el gobierno remitió un proyecto de ley sobre la reproducción asistida a la unicameral Asamblea Legislativa, que salvo a sus promotores no convence a nadie. “Hemos sido cuidadosos con el texto y estamos optimistas de que encuentre el apoyo necesario entre los diputados”, ha indicado a IPS el ministro de la Presidencia, Marco Vargas.
“No hay un cambio de posición, es apenas una forma de ganar tiempo”, ha dicho a IPS Andrea Bianchi, una de las demandantes ante la CIDH. En su informe, la Comisión también pidió al Estado indemnizar a todos los demandantes. De hecho, el proyecto de ley establece que todo óvulo fecundado en el laboratorio debe ser implantado en el útero de la mujer “lo que entraña un grave riesgo para la mujer y el niño”, explicó a IPS Germán Trejos, abogado de los demandantes. La ciencia fija en tres el tope razonable para implantar en el cuerpo de la persona receptora.
Además, al obligar a la introducción de todos los embriones fecundados, se prohíbe de facto la crio conservación (congelación) de los restantes, para que puedan servir en posteriores tratamientos para lograr un embarazo exitoso, en caso de fallar el primer intento. Además, se exige un test sicológico especial a las parejas aspirantes a someterse al tratamiento. El presidente de la CIDH, el chileno Felipe González, puntualizó en noviembre que “en la medida que se advierta que esa voluntad (de instituir una ley) es nula o insuficiente o que se extiende mucho en el tiempo”, el caso se remitirá a la Corte Interamericana.
La técnica de reproducción asistida es costosa cuando no es financiada por la sanidad pública, lo que dificulta este tratamiento para las parejas de escasos recursos, explicó Trejos. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio promedio de cada intento es de unos 12.400 dólares. “Solemos ir a lugares más cercanos, porque es un tratamiento incómodo, y necesitas apoyo de la familia”, contó Bianchi, quien recibió el tratamiento en Colombia en el año 2001, donde quedó embarazada de gemelos. “Tuve mucha suerte, gasté en total 14.000 dólares, y lo conseguí a la primera, pero no es lo habitual, lo normal es que sean cuatro intentos”, destacó.
Actualmente, en Colombia se pagan unos 4.500 dólares por intento, y 2.800 dólares en la vecina Panamá. Es una más de las formas de “turismo médico” que crecen en el continente americano y del que Costa Rica suele ser receptor y no exportador. En todo caso, Trejos anticipó que el criticado proyecto de ley no estará listo en febrero. Los legisladores tienen otros proyectos en discusión antes de centrarse en el de la FIV y se descuenta, además, que cuando comience a analizarse habrá numerosas objeciones y pedidos de revisión al texto del gobierno.
Además de las críticas por lo inaplicable del proyecto gubernamental, si llegase a ser aprobado tal como fue presentado, la legalización de la FIV es frontalmente rechazada por Iglesia Católica, mayoritaria en el país, y por las confesiones evangélicas. Benedicto XVI dirigió un mensaje especial para el país el día 3 en que solicitó que “Costa Rica no viole los derechos del nasciturus (el ser concebido) con leyes que legitimen la fecundación in vitro y el aborto”. El gobierno desestimó calificar el mensaje del jefe de Estado del Vaticano como “una injerencia en asuntos internos”.
“La Iglesia debe ver estos temas a nivel global más que como individualidades de cada país, por lo que su postura en este caso no es exclusiva para Costa Rica, sino que la repite para el mundo entero. Debemos respetar esa posición”, dijo Vargas. Pero el colectivo que promueve la incorporación del derecho a la FIV en el país criticó la presión del pontífice. “La Iglesia se entromete en exceso en la vida de Costa Rica”, adujo Bianchi. “Los obispos tienen una participación activa en la política”, continuó Trejos. El abogado calificó lo dicho por el papa como “pura tontería” desde el punto de vista científico y recordó que “muchos teólogos católicos de gran prestigio difieren de su postura”.
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