El Papa Francisco parece decidido a acabar con los cuervos en el interior del Vaticano. Y, con la pandemia, ha tomado la directa. A la espera de la aprobación definitiva del proyecto de reforma de la Curia, ralentizado por el coronavirus, el pontífice está dispuesto a apostar por la transparencia. Incluso si se trata de su número dos.
En pleno escándalo por el supuesto uso de los fondos de la Secretaría de Estado vaticana –y del Óbolo de San Pedro, dinero donado al Papa para caridad en todo el mundo–, que ya está siendo judicializado, el pasado 24 de septiembre el Papa retiró los derechos como cardenal del otrora todopoderoso Angelo Becciu. Al tiempo, la policía italiana detuvo a Cecilia Marogna, la asesora de Becciu durante los años en los que el purpurado fue Sustituto de la Secretaría de Estado (en la práctica, el número tres del Vaticano, con acceso ilimitado a fondos) y que creó una red de diplomacia paralela a la de la Santa Sede en todo el mundo.
Junto a este escándalo, se acusa a Becciu de estar detrás de las operaciones millonarias de compra-venta de inmuebles en Londres, en especial del palacio de Sloane Avenue, a través de sociedades interpuestas y paraísos fiscales. Este jueves, en una decisión inédita, Francisco dejó sin fondos a la Secretaría de Estado del Vaticano, y creó una “comisión de pasaje y de control” que, en tres meses, tendrá que transferir toda la actividad económica de este organismo a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).
La orden papal activa una carta que Bergoglio hizo llegar al secretario de Estado, Pietro Parolin y que no se había cumplido. Ahora, Francisco decide tomar cartas directas en el asunto: el 4 de noviembre, según ha informado el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, el Papa reunió a Parolin, el sustituto Edgar Peña Parra, Fernando Vergez, Secretario General del Gobernatore del Estado de la Ciudad del Vaticano, Nunzio Galantino, Presidente de la APSA y a Juan Antonio Guerrero Alves, Prefecto de la Secretaría de Economía.
En dicha reunión el Papa constituyó la “Comisión de paso y control”, que se pondrá en funcionamiento con efecto inmediato, para completar, en los próximos tres meses, dicha transferencia. Francisco ha excluido de la misma, expresamente, al cardenal Parolin, cuyo futuro al frente de la Secretaría de Estado está en entredicho. A mediados de octubre, Bergoglio también había sacado a Parolin del Consejo de Cardenales del Banco Vaticano. No quiere que su hasta la fecha máximo colaborador (ya se habla del cardenal de L’Aquila, Giuseppe Petrocchi, como posible sustituto) toque un solo euro de las arcas vaticanas.
Y es que los fondos de la Secretaría de Estado han protagonizado en el pasado ciertas polémicas que han puesto en duda su vigilancia y transparencia, como el caso que acabó con la dimisión forzada del exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Becciu está siendo investigado por el Tribunal de la Santa Sede por haber supuestamente malversado parte de estas reservas económicas de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, cuando era sustituto.
Que Parolin se encuentra en una difícil situación lo demuestra el hecho de que Roma haya decidido publicar la carta enviada por Francisco al secretario de Estado el 25 de agosto, con instrucciones precisas que el italiano no cumplió y que forzaron la decisión papal. En dicha carta, Bergoglio instaba a Parolin a mejorar la organización de las actividades económicas y financieras para “evitar la superposición, la fragmentación o la duplicación innecesaria y perjudicial”.
La misiva explica que “no parece necesario ni oportuno que la Secretaría de Estado desempeñe todas las funciones que están ya atribuidas a otros dicasterios”. En vista de ello, Francisco establece que la Secretaría de Estado “transfiere al APSA la gestión y administración de todos los fondos financieros y activos inmobiliarios, que en todo caso mantendrán su finalidad actual”.
“Una atención particular –se lee en la carta– merece las inversiones realizadas en Londres y el fondo Centurión (responsable de la compraventa del palacio de Londres), del que hay que salir lo antes posible, o al menos, disponer de ellas de manera que se eliminen todos los riesgos reputacionales”, recalca Francisco, quien ordena que “todos los fondos que hasta ahora han sido administrados por la Secretaría de Estado se incorporen al presupuesto consolidado de la Santa Sede” y que, en materia económica y financiera, la Secretaría de Estado funcione “mediante un presupuesto aprobado a través de los mecanismos habituales, con sus propios procedimientos exigidos a cualquier departamento, salvo en lo que se refiere a los asuntos confidenciales que están sujetos a secreto, aprobados por la Comisión designada a tal efecto”.
El control y la supervisión pasan a ser responsabilidad de la Secretaría para la Economía, dirigida por el jesuita español Juan Antonio Guerrero, por lo que La Secretaría de Estado “no tendrá ninguna responsabilidad de supervisión y control de ninguna Entidad de la Santa Sede, ni de las relacionadas con ella”. Teniendo en cuenta que “la Secretaría de Estado no tendrá que administrar o gestionar activos, será conveniente que redefina su propia Oficina Administrativa, o que evalúe la necesidad de su existencia”, finaliza el texto papal.
Junto a ello, este martes se conocerá, dos años después, el resultado de la investigación que el Vaticano ordenó sobre la gestión del excardenal Theodor McCarrick, expulsado en 2019 del Colegio de cardenales, y un año después del sacerdocio por el papa Francisco tras ser condenado por abusos sexuales a menores.
“La Santa Sede divulgará el martes 10 de noviembre el informe (…) el proceso de decisiones que atañe al ex cardenal Theodore Edgar McCarrick (1930-2017) elaborado por la Secretaría de Estado a pedido del papa”, anunció el Vaticano. Se prevé que incluya cuál fue la actuación de las sucesivas administraciones vaticanas a la hora de gestionar este escándalo, que fue utilizado por la oposición papal (en especial, por el ex nuncio en EEUU, Carlo María Viganò, uno de los asesores de Donald Trump) para arremeter contra Francisco y su proceso de reformas.
En concreto, se espera que el informe dictamine si Juan Pablo II y Benedicto XVI conocieron y, en su caso, ocultaron, las denuncias de abusos contra McCarrick que llegaron al Vaticano.
