Líderes de todas las confesiones reclaman que un hipotético Estado catalán respete la libertad religiosa
La Conferencia Episcopal Tarraconense y las principales entidades musulmanas se ausentan de la firma
Esta semana ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña uno de los actos más significativos y de mayor transcendencia para la Iglesia católica en Cataluña y las principales confesiones religiosas. En un marco y un contexto cargado de simbolismo, se presentó públicamente el documento “El hecho religioso en la Cataluña del futuro”, que apuesta por un modelo de laicidad aconfesional y de cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas.
El documento parte del derecho fundamental de la libertad religiosa, afirmando que “tantoen el caso de que Cataluña se convirtiera en un Estado o en una eventual revisión de los acuerdos vigentes con las confesiones religiosas, se debe reconocer y proteger el derecho humano fundamental a la libertad religiosa, un derecho vinculado profundamente a la dignidad de la persona y, por tanto, consagrado en todos los tratados internacionales de Derechos humanos como parte del orden público internacional.
Asimismo, “El hecho religioso en la Cataluña del futuro” propone un modelo de relación aconfesional o de laicidad abierta basado en los principios de libertad religiosa y de conciencia, de valoración del hecho religioso como aportaciones positivas a la sociedad, el reconocimiento de la dimensión pública del hecho religioso, la separación amistosa entre las confesiones y el Estado y la cooperación entre el Estado y las confesiones.
Este principio de cooperación, según el documento presentado públicamente, se tiene que aplicar con “equidad, que no es sinónimo de igualdad o uniformidad. Las diversas religiones tienen características y necesidades diferentes. Por tanto, la asimetría es una correcta aplicación de la libertad religiosa a cada situación”.
Por consiguiente, “uno de los ámbitos más relevantes de esta cooperación es el social” y también la adecuada financiación, la asistencia religiosa a las personas internadas en instituciones de servicio público, la presencia del hecho religioso en los medios de comunicación públicos, la formación sobre el hecho religioso, el reconocimiento jurídico de la singularidad de las entidades religiosas, el reconocimiento civil de ciertos actos jurídicos, la toma en consideración de las festividades religiosas y la prestación de determinados servicios públicos.
Por último, el documento “El hecho religioso en la Cataluña del futuro” también aborda el ámbito de la educación y reivindica “el derecho de todo el mundo a la educación, la libertad de los padres o tutores a elegir escuelas distintas a las establecidas por las autoridades públicas” de acuerdo con el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. De este modo, debe garantizarse “el derecho de todo el mundo a que la educación se pueda ejercer a través de una oferta plural de centros educativos” y el Estado “tiene que contribuir al sostenimiento de una oferta educativa diferente de la establecida por las autoridades públicas”.
El documento está avalado inicialmente por 17 entidades e instituciones religiosas pertenecientes a las principales confesiones: católica, budista, mormona, musulmana y ortodoxa. El Consejo Evangélico de Cataluña, que agrupa a la mayoría de comunidades protestantes, también participó en el acto público para testimoniar su apoyo a la iniciativa, aunque están preparando un documento propio.
El acto de presentación pública del documento estuvo presidido por la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y contó con la presencia de tres consejeros del Gobierno catalán, portavoces parlamentarios, un amplio espectro de diputados, el director general de Asuntos Religiosos y los tres directores generales anteriores, así como una nutrida representación de las confesiones e instituciones religiosas.
En el acto tomaron la palabra Carles Armengol, vicepresidente del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en representación de las entidades promotoras; el presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña Lluís Jou; el historiador y monje de Montserrat Hilari Raguer; el Lama Dondrub del budismo tibetano;Lluís Nansen Salas del budismo zen; la madre Esperança Atarés, abadesa del Monasterio de Sant Pere de les Puel·les; Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña; Carme Gutiérrez, representante de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días; Ahmed Benallal, secretario de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña; el arcipreste Stavrophor Joan, vicario general para España y Portugal del Patriarcado de Serbia y Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña.
Las entidades promotoras son: Coordinadora Catalana de Entidades Budistas de Cataluña, Cristianisme i Justícia, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Ortodoxa (Patriarcado de Serbia), Federación Catalana de Pax Romana, Federació de Cristians de Catalunya, Fundación Claret, Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, Fundación Joan Maragall, Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, la Junta Directiva de la Unión de Religiosos de Cataluña, Justicia y Paz, La Llum del Nord-Associació per la Ciutadania i la Cooperació entre pobles, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña y Vedruna Catalunya.
N. de la R: Por su parte, la Archidiócesis de Barcelona apunta que “el documento está promovido por una representación mayoritaria de grupos religiosos pero se ausentan la Conferencia Episcopal Tarraconense y las principales entidades musulmanas“.
