El correo electrónico para señalar casos de pederastia del pasado ha reunido ya más de 700 mensajes.
La investigación abierta en la Iglesia española a raíz del informe sobre pederastia, con 251 casos inéditos, que este periódico entregó al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), ha desencadenado una nueva oleada de denuncias. El correo electrónico abierto por EL PAÍS en octubre de 2018 para recibir denuncias de abusos a menores en la Iglesia ha registrado desde el 19 diciembre, cuando se publicó la noticia del dosier, más de 150 mensajes que señalan más casos desconocidos del pasado. Este diario ya los está atendiendo y entrevistando a los remitentes para verificar y documentar sus acusaciones.
Las denuncias que salen a la luz no dejan de aumentar al precipitarse los acontecimientos en el último mes y medio. Tras la divulgación del informe, el Congreso ha comenzado los trámites para la creación de una comisión de investigación, aunque también los partidos están debatiendo la posibilidad de una comisión nacional de expertos e independiente que luego remita un informe al Parlamento, como han hecho Irlanda, Bélgica o Australia. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha reclamado a las fiscalías provinciales que le informen de las denuncias que están tramitando en este momento. Es un primer paso, pero muy limitado, porque la inmensa mayoría de los casos conocidos han prescrito y no se denuncian. Solo permite conocer lo que está ocurriendo ahora, pero nada del pasado. Por el momento la Fiscalía no aclara si pedirá, por ejemplo, las sentencias condenatorias de estos casos de los últimos 50 años, una información desconocida que contribuiría a comprender el alcance del escándalo.
Las nuevas denuncias llegadas a este diario en el último mes y medio elevan el total de mensajes recibidos por EL PAÍS en tres años a más de 700. De ellos, más de un centenar de casos han sido publicados y otros 251 se incluyeron en el informe entregado en el Vaticano. El resto, la mitad de los recabados hasta ahora, siguen siendo investigados con el objetivo de ser dados a conocer próximamente.
EL PAÍS también puso en marcha en abril de 2021 una base de datos con una contabilidad de los casos de pederastia en la Iglesia que es la única referencia existente en España, ante la ausencia de datos oficiales o de las autoridades eclesiásticas. Registra todos los casos publicados en este diario, más los aparecidos en otros medios, los reconocidos por la Iglesia y los resultantes de sentencias judiciales. Las cifras en este momento ascienden a 611 casos —cada caso es un acusado— y 1246 víctimas.
Estas cifras contrastan con la total opacidad de la Iglesia, que se niega a revisar su pasado, crear una comisión independiente de investigación, como sí ha hecho la Iglesia de Francia o Alemania, y hasta a desvelar el número de casos que conoce. La CEE solo afirma que son muy pocos, aunque admite que tampoco sabe cuántos son. Esta aparente ignorancia se basa en que cada diócesis conoce los suyos, pero la CEE afirma no tener competencias para reclamar esa información y sumarlos.
En realidad, para dar la única cifra que han admitido hasta ahora, los obispos españoles aseguran que la tuvieron que pedir al Vaticano. Desde 2001, los obispos están obligados a comunicar a la Santa Sede las denuncias que reciben, una medida de control impuesta entonces para evitar el encubrimiento de casos a nivel local. De ese modo, la CEE solicitó a Roma el dato de las recibidas desde España y lo anunció el pasado mes de abril, cinco días después de que EL PAÍS hiciera pública su contabilidad. Reconocieron tan solo 220 denuncias internas contra sacerdotes desde 2001, aunque podían referirse a hechos de años anteriores. De ellas, 144 eran contra curas diocesanos (43 de ellos estaba entonces aún bajo investigación en expedientes abiertos) y 76, de órdenes religiosas (con 26 todavía abiertos en aquel momento). La CEE no dio más detalles.
Falta de transparencia
Lo cierto es que muy pocas diócesis han optado por la transparencia y han revelado el número de casos que constan en sus archivos. EL PAÍS preguntó por primera vez por ello en octubre de 2018, cuando comenzó su investigación, y solo 18 de las 70 diócesis contestaron, y la mayoría para decir que no tenían conocimiento de ningún episodio. Solo cuatro admitieron un caso: Oviedo, Plasencia, Guadix y Vic. EL PAÍS volvió a hacer otra ronda de consulta hace un año, en febrero de 2021, y hubo un ligero avance: 32 de las 70 diócesis accedieron a informar del número de denuncias recibidas, aunque la mayoría no contabilizan ninguna.
La CEE alega que en 2021 abrió oficinas de atención a las víctimas en todas las diócesis, si bien fue por orden del Papa, pero tampoco ha dado nunca datos de su trabajo. Solo asegura que han recibido “muy pocos” casos. De cualquier forma, son entidades desconocidas y que en la mayoría de las veces ni aparecen en las páginas digitales de los obispados.
La Iglesia española ha abierto a regañadientes la investigación de los 251 casos del informe de EL PAÍS, porque sus propias normas le obligan a ello, pero la CEE se ha desentendido del proceso. La investigación no está centralizada, sino que cada una de las 31 diócesis y 31 órdenes afectadas se investiga a sí misma, con sus propios criterios y con escasa transparencia. De hecho, es este diario el que debe gestionar el contacto de todas estas entidades con las víctimas y testigos del dosier, un total de 281 personas, que deseen aportar su testimonio. La CEE no ha querido coordinar estos trámites. La mayoría de las órdenes religiosas, que acumulan el 77% de los casos del informe, han pedido a este diario el contacto con los denunciantes. Por el contrario, la mayoría de los obispos involucrados están ignorando a las víctimas. En este momento, casi dos meses después de la entrega del estudio a la CEE, solo 11 de las 31 diócesis afectadas se han dirigido a este periódico para pedir una comunicación con las personas que señalan abusos en el pasado. Las últimas dos en hacerlo han sido Toledo y Burgos.
