El reparto de la carga de la crisis económica es uno de los puntos del debate actual con más divergencias y aristas. En medio de esta polémica la sociedad civil laica y algunos partidos han puesto sobre la mesa de operaciones los impuestos, especialmente el IBI municipal, que la Iglesia católica no paga, para que los ayuntamientos y parlamentos se pronuncien. No es una tarea de blanco o negro.
Para que las demandas de cotización de la Iglesia fueran una realidad habría que modificar las leyes así como los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979, que ningún Gobierno español hasta ahora ha osado tocar. Pero la Iglesia católica comparte palio fiscal con el resto de confesiones religiosas, entidades sin ánimo de lucro, federaciones deportivas, oenegés, sedes diplomáticas, entidades públicas, colegios, comisarías y edificios de la Cruz Roja en una lista larga. En consecuencia, desde el exclusivo punto de vista crematístico, el esfuerzo colectivo para insuflar aliento a las asfixiadas arcas debería ser equitativo.
OPACIDAD DE SUS POSESIONES
Pero, seguramente, el debate en torno a la Iglesia y su patrimonio no solo tiene que ver con la acción de grupos como Europa Laica –que calcula que el Estado podría ingresar entre 2.500 y 3.000 millones si la institución desembolsara por sus bienes– sino también con la opacidad sobre sus posesiones.
La Conferencia Episcopal dice ignorar a cuánto asciende su patrimonio, diseminado entre las diócesis, las congregaciones y las asociaciones. Hacer un recuento transparente de todas las propiedades tal vez ayudaría a decidir cuáles son susceptibles de asumir la cuota de los gastos derivados de su presencia en los municipios.
EJEMPLO MORAL
El impedimento legal actual no priva del ejemplo moral que constituiría el pago, especialmente para los más necesitados y para los que afrontan las tasas impositivas con más dificultad. En este marco de sacrificio conjunto, al que el Gobierno de Italia ha apelado para dar el paso, rechina el tono amenazante del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, de que si la Iglesia paga el IBI será en detrimento de su obra social. No es la prédica ajustada a lo que ha sido y es un apoyo cristiano inestimable del Estado en su labor de ayuda a los más desfavorecidos. Cuanto más, mejor.
