El obispo de Málaga se enfrenta a una querella por el caso de la niña transexual

La Junta, de momento, no ha retirado el concierto educativo con el San Patricio.

"Una niña en el cuerpo de un niño. Gabriela nació en un 'envase' equivocado, pero a un señor que representa a la Iglesia y es obispo, le cuesta entenderlo y califica el hecho como casi de 'monstruosidad' culpando a la madre de querer tener una hija en vez de un hijo, como si fuera un capricho”, dice Oliver Roales, el abogado de la familia de una niña transexual que saltó a los medios tras reclamar en su colegio que fuera tratada como tal, cosa que el centro denegó. 

Roales presentó el pasado viernes dos querellas: una contra la directora del colegio San Patricio, como responsable del mismo; y otra contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en su calidad de presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, de la que depende el centro, al entender que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio. 

El letrado también ha presentado en el juzgado de Málaga un acto de conciliación a la querella por "injurias graves con publicidad" a la que puede enfrentarse Jesús Catalá si no rectifica “las duras acusaciones que ha hecho”. El letrado añade en declaraciones a El Confidencial: “No es de recibo que el obispo diga públicamente que la familia es la culpable de que su hija se sienta niña y no niño sin conocerla ni siquiera. Jamás ha hablado con la mamá, y está echando la culpa a esta señora de que, como no ha tenido hijas hembras (tuvo tres varones), ella misma ha querido diseñar la sexualidad de su hija transexual. Una locura total”.

'El obispo jamás ha hablado con la mamá, y esta echando la culpa a esta señora de que como no ha tenido hijas hembras, ella misma ha querido diseñar la sexualidad de su hija transexual', dice el abogado de la familiaEl conflicto entre la Iglesia y la familia se originó el día que los padres pidieron al colegio San Patricio, centro al que asistía la niña transexual, que fuera respetada su identidad de género, que fuera llamada por el nombre con el que se identificaba, que pudiera vestir de acuerdo a ello y que pudiera elegir el aseo que quería utilizar. El centro se lo denegó. Roales explica que ha habido una "discriminación clara" y que "había que tratarla como una niña, no porque me lo invente yo, los padres o la propia Gabriela, sino porque existen informes de todo tipo que así lo acreditan. No tienen relevancia los genitales que tenga un transexual para que se le trate de una manera u otra".

El abogado insiste en que "no se puede acreditar una fundamentación razonable para seguir tratándola como un niño". Es por lo que los padres pidieron “clemencia a la Junta de Andalucía”. El Gobierno regional de Susana Díaz los escuchó y la Delegación Territorial de Educación tiró por tierra lo que el obispo Catalá argumentaba: “Es un niño que tiene siete años, que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio y lo lógico es que siga así". Un inspector se presentó en el centro e instó al San Patricio a cumplir las instrucciones dadas para adecuar el trato al menor transexual. La Delegación les recomendó que en el desarrollo de las actividades el profesorado considerara el sexo con el que el menor se siente identificado, "así como reconocer y aceptar la posibilidad de vestir con uniforme en función de la identidad de género".  

Protesta de otros padres

Hace apenas dos semanas, los padres de Gabriela optaron por cambiarla de colegio porque la situación era “insostenible” y la menor asiste ahora a sus clases en otro centro público. Más de un centenar de padres del San Patricio firmaron un documento explicando que no estaban de acuerdo con la decisión que adoptó la Junta de Andalucía. Aducían que a ellos no se les había escuchado antes de decidir que la niña pudiera llevar la falda del uniforme (no pantalones), usar los baños femeninos y aparecer en la documentación interna según su identidad de género. “En ningún momento se ha consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familias, y han aceptado sin más la opción de sus progenitores por feminizar al niño”.

La Junta, de momento, no ha retirado el concierto educativo con el San Patricio. Pero como medida salomónica, el colegio ha sido apercibido para que retire de sus normas de funcionamiento la obligatoriedad de llevar uniforme. Se le ha advertido de que, si no procede de esta forma, se iniciarán de nuevo los trámites para la retirada del concierto.

Quiso seccionarse el pene

Al margen de todos los conflictos políticos y religiosos que ha generado el asunto, está por encima de todo, según señala el letrado, el sentir de una “personita de siete años”. “Eso de que no saben lo que quieren a esta edad es pura falacia”. Mantiene y comenta que hace unos años Gabriela intentó seccionarse el pene. “Sus padres la han llevado a todos los médicos habidos y por haber. Quiso mutilarse porque no quería ver 'eso' entre medias de sus piernas. A diferencia de lo que dice el obispo, a medida que han ido pasando los años se va radicalizando cada vez más en su postura de que no es un niño, sino una niña”.

Ahora, en su nuevo colegio, lleva falda y está feliz, “aunque no entiende por qué ha tenido que dejar el San Patricio, donde están su hermano y sus amigas”. "¿He hecho algo malo?", se pregunta la niña, según Roales. La familia, que no pide indemnización, quiere que el obispo reconozca que “es incierto que se  haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña”. Los padres sostienen que su hija sufría una "discriminación constante". La más dura tal vez, según el abogado, fue que “en el informe de Educación consta que el colegio manifestó que si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula. Se la llevaría a una habitación aparte, se llamaría a su madre y se la sancionaría". 

Oliver Roales no quiere dar el nombre del nuevo colegio de Gabriela: “Se entraría de nuevo en el debate de si colegio público o colegio concertado. Uno y otro deben cumplir la legislación vigente. Da igual su estatus. Hicimos una denuncia contra la dirección del San Patricio y la fundación porque hubo una vulneración de los derechos fundamentales de Gabriela. Nada más”.

Gabi ahora sonríe. Ya se le quedaron pequeños los pantalones y ahora por fin en su nuevo centro puede conjugar la tabla de multiplicar con falda plisada sin que nadie la insulte.

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