Desde que la Junta de Andalucía anunció que los servicios jurídicos estaban estudiando la posible titularidad de la Mezquita, la Iglesia había mantenido silencio, en especial desde la Diócesis de Córdoba el silencio era absoluto.Tan solo desde Sevilla, el arzobispo hispalense y anterior obispo cordobés, Juan José Asenjo, había adelantado la postura oficial de la jerarquía católica en este conflicto. Asenjo llegó a decir en torno a la gestión por parte de la Iglesia de la Mezquita-Catedral de Córdoba que “si la Iglesia lo ha hecho estos siglos, puede seguir y debe seguir haciéndolo, per secula seculorum“.
El obispo de Córdoba rompe su silencio
Una vez que el arzobispo de Sevilla ha hablado sobre este tema también lo ha hecho el obispo de Córdoba. El polémico purpurado, Demetrio Fernández, se ha referido en unas declaraciones a la COPE al enfrentamiento existente hoy entre instituciones, ciudadanía y plataformas cívicas en relación a la titularidad del a Mezquita-Catedral tras conocer que la que la Junta ha encargado un estudio jurídico para reclamar su titularidad si fuera necesario.
Saltarse las leyes internacionales y españolas
En concreto Fernández ha afirmado que “la propiedad y el culto católico están garantizados» en el monumento Patrimonio de la Humanidad, pero ha alertado que esto podría no ser así si la Junta de Andalucía decidiera “saltarse el derecho internacional, el derecho europeo y el español y sus leyes”.
“Muy bien empleada en el culto católico”
Sin un resquicio para el acuerdo, la negociación o el acuerdo como ha planteado el Gobierno andaluz, Monseñor Fernández, se ha reafirmado al afirmar que que “las leyes nos garantizan que la propiedad de la Catedral de Córdoba es de la Iglesia y está muy bien empleada en el culto católico y abierta a la cultura y a la visita de todo el que quiera venir”.
Firmas y movilización a favor de la titularidad pública
Mientras ocurre la sociedad cordobesa se ha movilizado con varias iniciativas ciudadanas y campañas para que la Mezquita de Córdoba tenga una gestión y control públicos. Tanto la asociación “Europa Laica” como una Plataforma ciudadana han solicitado la modificación de la ley que permitió a la Iglesia registrar el monumento a su nombre. Esta plataforma ya recogido ya ha recogido 143.000 firmas autentificadas que ha entergado al Defensor del Pueblo andaluz para impedir la privatización eclesial del mayor emblema de la ciudad. La Junta por su parte tiende la mano para que la gestión pudiera seguir siendo de la Iglesia pero cuestiona que la titularidad sea privada y de la Iglesia católica por entender que es un monumento Patrimonio de la Humanidad y una “Mezquita-Catedral” multicultural.
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