Al menos en dos oportunidades la justicia argentina sancionó a la Iglesia católica por negarse a entregar las investigaciones canónicas sobre los sacerdotes denunciados a las víctimas y, en ambos casos, las condenas fueron para la diócesis de Mendoza.
En noviembre de 2018, la justicia mendocina condenó al obispado de esa provincia por negarle a una víctima la documentación que tenían de su caso. Entonces, el tribunal consideró que el concordato “reconoce a la Iglesia el pleno ejercicio del poder espiritual, así como su jurisdicción en el ámbito de su competencia. Tal autonomía no es un privilegio, sino la garantía de la libertad religiosa”.
El fallo firmado por los jueces Sebastián Márquez Lamena, Gustavo Colotto y Claudia Ambrosini también agregaba que “considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los Tratados internacionales de Derechos Humanos, no implica en modo alguno vulnerar el Derecho Canónico ni el Concordato firmado con la Santa Sede”
Para los jueces mendocinos “cualquier intento de eximirse del deber de informar por parte del Arzobispado, carece de toda lógica y sustento, cuando es la propia persona denunciante la que solicita se le informe sobre el resultado de la denuncia por ella misma formulada”.
En abril de 2015, un fallo de la Corte Suprema de Mendoza ratificaba la condena en primera instancia, también contra el obispado de esa provincia, por negarle información al joven Iván Gonzalez, quien había denunciado abusos por parte de un sacerdote mendocino.
Pero a diferencia de lo que ocurrió en Mendoza y Salta, el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, fue quien impulsó la denuncia en la justicia contra el sacerdote José Luis Serré, quien finalmente fue expulsado del estado clerical, la máxima sanción dentro de la Iglesia.
Mestre, además, entregó en la justicia “la totalidad de las actuaciones que sobre el caso se reunieron en la sede eclesial”, informó el obispado el 8 de abril.
