El Obispado de Lugo denuncia a 60 vecinos de Santiso por la propiedad de una finca

El Obispado de Lugo ha denunciado a 60 vecinos de la parroquia de Ribadulla, en el municipio coruñés de Santiso, perteneciente a la diócesis de Lugo. El motivo que enfrenta a las autoridades religiosas lucenses y a los habitantes de Ribadulla son los casi 2.500 metros cuadrados del campo de la fiesta de esta parroquia.

La entidad religiosa aduce que es la propietaria y presenta una escritura de 1967, año en el que parte de la parroquia quedó bajo las augas con la construcción del embalse de Portodemouros.

El departamento de Comunicación del Obispado lucense explicó el pasado 26 de noviembre que la denuncia no es contra los feligreses de Ribadulla, sino contra los miembros de la asociación de vecinos de esta parroquia. La entidad religiosa aduce que se vio obligada a recurrir a la justicia al enterarse de que el colectivo vecinal iba a vender la finca del campo de la fiesta que, según el Obispado, le pertenece.

Los feligreses, por su parte, aportan documentación catastral a su nombre y una escritura pública de la venta de los terrenos a la asociación de vecinos de Ribadulla. Además, un informe del Ayuntamiento de Santiso, redactado para la elaboración del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), confirma la propiedad como vecinal.

El conflicto se inició hace ya un año, cuando el Obispado de Lugo puso a la venta la casa rectoral de esta parroquia y la finca del campo de la fiesta, al considerar que era de su propiedad. La reacción vecinal no se hizo esperar. El enfrentamiento entre los feligreses y el párroco que ejercía en ese momento en Ribadulla llevó al obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, a suspender temporalmente la actividad religiosa en la parroquia. Después de pasar por Ribadulla dos sacerdotes —uno falleció y el otro se fue por la oposición vecinal—, parecía que la situación tendía a normalizarse hasta que los vecinos que vendieron propiedades a la asociación vecinal recibieron en su domicilio las notificaciones del juzgado de Arzúa, citándolos el 10 de diciembre para declarar.

Han sido demandados todos los habitantes de la aldea que vendieron su propiedad a la asociación de vecinos de Ribadulla.

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