El Obispado de Córdoba reconoce una sola inmatriculación problemática, un solar en Pedro Abad.
La Iglesia Católica ha entregado y negociado con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos un informe para depurar el listado de inmatriculaciones que deja el procedimiento realizado por el Obispado de Córdoba a lo largo de años con una sola mácula. Una propiedad entre casi cuatrocientas podría generarle problemas a los gestores de la diócesis que efectuaron, como en el resto de España, un procedimiento masivo de primeras inscripciones registrales cuando se les habilitó un discutido mecanismo específico que ya no existe.
Una clave muy relevante del informe es que la Iglesia admite haber inscrito un millar de bienes en toda España que o no le correspondía o que no cuenta con datos ciertos para acreditar su propiedad (hay casos divertidos, como fincas en el fondo de un pantano).
En realidad, el informe, presentado como un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el presidente del Gobierno, supone un aval de fondo a la tesis de la Iglesia a cambio de pasar por el trago de los titulares de las mil fincas que no son suyas. Los problemas, que existen, afectan a un 2,8 por ciento de los bienes totales: unos 34.000.
Pero lo esencial para la Iglesia (y de ahí el acuerdo) es que el Ejecutivo acepta el marco en el que se hicieron las inscripciones presentando un certificado diocesano ante el registro de la propiedad correspondiente. De hecho, no tiene ni que devolver lo inscrito de forma directa. Se abre un proceso de regulación por medio de los ayuntamientos en el que la propiedad legítima tiene que demostrar que lo es.
Sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, hay que hacer un inciso. No está en el listado de elementos problemáticos como no lo está ninguna sede diocesana española sobre la que pudiera haber reclamaciones de propiedad. El Gobierno mantiene abierta la vía para un estatuto especial pero la Iglesia no se apea de que es la dueña y que eso no se discute. Tampoco ese estatuto especial ha logrado nunca explicarse al detalle. Desde los tiempos de Carmen Calvo es una frase recurrente que nunca llega a saber de qué se está hablando realmente.
Entrando en el informe, que se ha hecho público en su integridad, lo primero que hay que decir es que la Iglesia ha cogido los 34.000 bienes del listado realizado por el Ministerio de Justicia y que hizo público el Congreso. Con ellos, ha realizado una depuración sobre lo bien inscrito y lo mal inscrito. Dentro de lo mal inscrito o que presenta problemas hay que señalar varias categorías. No todas ellas polémicas para el Obispado.
Son bienes que aparecen en la lista pero que son de órdenes religiosas (o de otras confesiones, la judía, como hay un caso), asientos que aparecen duplicados en el informe del Gobierno (errores), bienes desconocidos para las diócesis pese a aparecer en la lista, bienes que no deberían estar por haber sido incorporados en la lista de formas ajenas a la reforma hipotecaria, elementos que no han sido inmatriculados, que tienen otros titulares (por haber sido vendidos, expropiados o porque no fueron inscritos correctamente) y elementos que llegaron al patrimonio eclesiástico por vías como donaciones.
El Obispado de Córdoba solo ha reconocido problemas en un caso problemático. Se trata de un solar en el municipio de Pedro Abad en el que reconoce directamente que es de otro propietario. Sí afirma que se inscribió con un título distinto al del certificado diocesano. Es decir, no se usó exactamente el método que se habilitó con el Gobierno de Aznar y que acabó con el de Rajoy.
Un segundo grupo son dos propiedades que están en el listado del Gobierno pero que no deberían. Son la ermita de Santiago de Bujalance y la Casa Convento de Pedroches. En ambos casos, dice la Iglesia que forman parte del patrimonio de la diócesis de Córdoba pero por dos donaciones realizadas en 2001 y 2003. Un último grupo de bienes incluidos están en Montemayor, Montalbán, Espiel y Aguilar: dos viviendas y, el resto, fincas rústicas o de olivar. No fueron incorporadas por el procedimiento que arrancó en 1998 sino que se inscribieron años antes con la vía legal entonces existente.
¿Qué es la información que ha aportado la diócesis y que, según se entiende, el Gobierno ha aceptado? Que ninguno de los casos polémicos que han copado titulares durante una década se ponen en tela de juicio. La Mezquita por las razones ya explicadas. Tampoco aparecen la plaza del Pocito, el triunfo de San Rafael de Verdiguier o la ermita de los Mártires o el callejón del Galápago, entre otros elementos que formaron parte de una aguerrida polémica.
