El gobierno nacional envió al Congreso una ley de libertad religiosa para ampliar derechos a otras religiones más allá de la Iglesia Católica.
El proyecto de ley, denominado Ley de Libertad religiosa, garantizará nuevos derechos a aquellos cultos por fuera de la Iglesia Católica como por ejemplo ampararse en la objeción de conciencia para negarse a recibir una transfusión de sangre. Esto también se extendería médicos que se negaran a realizar abortos por creencias religiosa, lo que significaría un paso más atrás en la legalización del aborto.
Tras un debate con la secretaría de culto, a cargo de Santiago de Estrada (conocido por su prontuario político que se inició bajo la dictadura de Onganía, siguió con la dictadura militar bajo el mando de Videla y continuó en puestos bajo el gobierno de Menem y ahora con Macri), hubo consenso entre las principales entidades religiosas y la Iglesia Católica para incluir en la nueva ley cuestiones como por ejemplo que las personas bajo un determinado culto: “no (deban) ser obligadas a prestar juramento o hacer promesa(s) según fórmulas que violenten sus creencias; a recibir asistencia de los ministros de su propia confesión en lugares de internación, detención o cuarteles, y a conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que, según su religión, se dediquen al culto”. En lo que respecta a los ministros de culto se van a ver “exentos de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”.
También habrá cambios en la inscripción en el Registro de Cultos, que ahora se llamará Registro Nacional de Entidades Religiosas, ya que de pasar la nueva ley, ya no será obligatorio anotarse, pero para los cultos que lo hagan habrá una ampliación de derechos como beneficios impositivos, que no se les puedan embargar sus templos y sus ministros podrán ingresar a cárceles y hospitales para brindar servicios espirituales.
El nuevo código también contemplará nuevas penas para aquellos que impidieran la libertad de culto con penas de meses hasta seis años de prisión.
Como decíamos al principio esta nueva ley tiene el beneplácito de la Iglesia Católica, que más allá de fricciones, mantiene un diálogo con la administración macrista, ya que no viene a cuestionar los grandes beneficios que el estado mantiene con la iglesia católica como los abultados sueldos que cobran cardenales y obispos, que los terrenos de la iglesia no paguen impuestos, etc. De hecho, ahora estos beneficios se extenderán a otros cultos, por lo que la lucha por la separación del estado de la iglesia mantiene todo su vigor.
