“Encarcelaré al infractor, incluso si se trata de Mahoma”, confesó en una entrevista televisiva. Había llamado a ejecutar a los miembros de los Hermanos Musulmanes
No era la más gruesa ni brutal declaración firmada por el ministro de Justicia egipcio, elpolémico y visceral Ahmed Zend, pero mentar al profetar y sostener que incluso Mahoma puede ser interrogado y encarcelado le ha terminando costando el puesto. Dos días después de su controvertida afirmación, el titular de Justicia se ha visto forzado a dimitir en una muestra más de la espiral en la que vive instalada la judicatura del país árabe.
“Encarcelaré al infractor, quien quiera que sea, incluso si se trata del profeta”, confesó Zend el pasado viernes en una entrevista en televisión tras interrogarle por las decenas de periodistas detenidos y encarcelados desde el golpe de Estado que desalojó del poder a los Hermanos Musulmanes en julio de 2013. “No estoy hablando de encarcelar a un periodista o un profesor sino de enviar a prisión a un acusado”, agregó.
El comentario -tildado de “blasfemo” por amplios sectores de la sociedad egipcia- ha levantado polvareda. Este domingo, tras horas de runrún en las redes sociales en las que los internautas han exigido que sea juzgado, Al Azhar -la institución más prestigiosa del islam suní con sede en El Cairo- ha hecho público un comunicadocensurando los comentarios blasfemos hacia Mahoma, incluso aquellos voceados sin intención de herir.
Consciente del escándalo, Zend entonó el “mea culpa” el sábado en otra aparición televisiva. “Le pido perdón a Dios una y otra vez. Sé que mis disculpas serán aceptadas”, indicó el ministro tras insistir en que “un musulmán o no musulmán solo es culpable de lo que hace intencionalmente” y achacar sus palabras a un desafortunado desliz. Su perdón público, sin embargo, no le ha servido para conservar la poltrona en mitad de un aluvión de demandas y duras sentencias por blasfemia.
Fuentes judiciales citadas por el diario estatal Al Ahram han confirmado que a primera hora de la tarde el primer ministro Sherif Ismail ha telefoneado a Zend para pedirle que dimita. Lenguaraz y aficionado a las declaraciones subidas de tono, Zend es un viejo conocido de la parroquia egipcia. Fue un encendido detractor de los Hermanos Musulmanes durante la fugaz presidencia de Mohamed Mursi y Al Sisi lo elevó a ministro de Justicia.
Campaña de represión
El pasado enero se convirtió en el rostro de la feroz campaña de represión que ha segado varios miles de vidas y encarcelado a varias decenas de miles de egipcios. “Yo creo que si se liquida a 40.000 terroristas será suficiente para honrar a los mártires [en referencia a las fuerzas de seguridad fallecidas]. Juro por Alá que el fuego que arde en mi corazón no se extinguirá hasta que por cada mártir hayan muerto 10.000 miembros y simpatizantes de los Hermanos Musulmanes“, declaró sin un ápice de rubor.
Zend no es, sin embargo, el primer ministro de Justicia cesado por un improperio. Precisamente su predecesor, Mahfuz Saber, dejó el cargo el pasado mayo después de asegurar en una entrevista televisiva que “el hijo de un basurero no debe ser juez” en una muestra del tufo clasista que se respira en los pasillos de los tribunales del país más poblado del mundo árabe. “Con el debido respeto a los basureros y a cualquier otra persona que esté por debajo o encima, un juez debe crecer en una clase social adecuada al puesto”, arguyó.
Más allá de la verborrea de sus últimos ministros, la justicia egipcia tiene ante sí serios problemas. Los tribunales civiles y militares son el brazo ejecutor de la represión que ha enviado a la cárcel a más de 41.000 personas. La judicatura ha despachado cientos de penas capitales en fugaces macroprocesos que se han celebrado sin las mínimas garantías. El mes pasado, sin ir más lejos, un tribunal militar condenó a cadena perpetua a un niño de 4 años.
Entretanto, los tribunales han ido absolviendo al derrocado Hosni Mubarak y su entorno y no han adoptado medidas serias encaminadas a investigar la represión en lo que organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han denunciado como una suerte de “justicia selectiva”.
