El ministerio se compromete a financiar la reforma educativa

La reforma educativa tendrá una financiación específica para llevarla a cabo, al contrario de lo que reclamó inútilmente desde la oposición el PSOE para la ley del calidad (LOCE), que sólo se ha llegado a implantar parcialmente. La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, asumió ayer públicamente este compromiso, de manera que la aplicación de las reformas se puedan iniciar en el curso 2006-2007, tras su presentación a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas.

    La memoria económica anunciada por San Segundo acompañará el proyecto de ley que se presente al Congreso de los Diputados en enero-febrero del 2005. El calendario del Ministerio de Educación prevé que el debate sobre el texto presentado ayer concluya el próximo diciembre. La discusión parlamentaria discurriría, así, a lo largo del 2005, para culminar con la aprobación de la ley y el desarrollo normativo por parte de las distintas administraciones educativas en el curso 2005-2006.

El Ministerio de Educación tomará como punto de partida, para hacer una valoración económica de las medidas propuestas, los cálculos realizados con respecto al proyecto de ley de calidad (LOCE).
El PP cifró los recursos necesarios para acometer su reforma en 159 millones de euros (26.500 millones de pesetas) al año. Sin embargo, el PSOE cuantificó las necesidades en unos 700 millones de euros (116.500 millones de pesetas) anuales para las etapas Infantil, Primaria y Secundaria, en las que se detectan las principales carencias.

MÁS DE 160 EUROS POR ALUMNO
Los consejeros socialistas hicieron este cálculo siguiendo una metodología rigurosa a partir de 25 indicadores, como el gasto de personal o el número de aulas existentes en cada comunidad. Llegaron a la conclusión de que habría que aumentar el gasto por alumno en 160 euros anuales. El cálculo, realizado en el 2003, no tenía en cuenta que a los 632.000 alumnos de Bachillerato se les impartirá una nueva materia de formación científica, como prevé la actual reforma.

El documento presentado ayer advierte de que el esfuerzo social del conjunto del sistema educativo debe reflejarse en el gasto en educación, un indicador utilizado en todos los estudios comparados.

A LA COLA DE LA OCDE
El Ministerio de Educación recuerda que el gasto en Educación, en relación con el PIB en España, en los últimos años, lejos de aproximarse a la media de la Unión Europea o de los países de la OCDE, se ha distanciado. Si el gasto público en educación se situaba en 1993 en el 4,9% del PIB, en el 2002 era tan sólo del 4,5%, lo que representa un descenso porcentual apreciable. Sólo Grecia e Irlanda se sitúan por detrás.

«Si se quiere mejorar la calidad de la educación para todos es necesario volver a incrementar esas cifras hasta situarlas en la próxima década en valores similares a la media de los países con los que debemos aspirar a converger», observó San Segundo.

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