El Ministerio de Educación inicia el proceso judicial contra el ‘pin parental’ y pide que se retire de forma «urgente»

Los servicios jurídicos de la ministra de Educación, Isabel Celaá, han interpuesto este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra las resoluciones de las consejerías de Educación y Cultura del Gobierno murciano, que dirigen el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

A pesar de que dice que esta polémica «es un problema inventado», Celaá también ha solicitado, «con carácter de urgencia», la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas, según han informado fuentes del departamento de Educación.

El recurso se presenta después de que Murcia no haya respondido al requerimiento enviado el pasado 17 de enero por el que se pedía que retirara las instrucciones que permiten «dar conocimiento a las familias» al comienzo de curso de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular», y son impartidas por personal ajeno al centro educativo «con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

El Gobierno murciano se ha negado a retirar estas instrucciones, ha alegado que cuentan con los informes jurídicos y de inspección pertinentes y ha dicho que acatará, eso sí, lo que digan los tribunales.

Los argumentos jurídicos de Celaá para pedir la retirada del veto parental a las charlas y talleres de identidad de género, feminismo y diversidad LGTBI son que esta medida «supone una vulneración del derecho fundamental a la educación» recogido en el artículo 27.1 de la Constitución, además de que contraviene tanto la normativa básica estatal -la ley educativa en sus artículos 121.1, 125, 128.1, 129 y 132- como la legislación autonómica.

El Ministerio de Educación apunta a que la medida confronta con buena parte de la normativa española en vigor. Desde convenios internacionales ratificados por España a leyes estatales como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la ley del Aborto, que señala que los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en «la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual» o las leyes LGTBI autonómicas, que profundizan en la necesidad de incluir la educación en diversidad por orientación sexual e identidad de género en las aulas.

En concreto, el ministerio defiende que en el currículo de Primaria y de Secundaria aprobado por el Gobierno murciano las actividades complementarias son «evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros como para los alumnos».

Además, añade que sólo son voluntarias para los estudiantes las que se realizan fuera del centro o precisan de aportaciones económicas de las familias.

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