Los más de 15.000 hermanos de a pie y la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena tienden a comportarse antes como cofrades que como ciudadanos. Su resistencia a trasladar por propia iniciativa o al menos de buen grado los restos del militar golpista y criminal de guerra Gonzalo Queipo de Llano, enterrados en un lugar preeminente de la basílica, parece evidenciar que dan prioridad a sus sentimientos piadosos sobre sus deberes cívicos.
Esta semana, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, anunciaba que, una vez que se apruebe la nueva Ley de Memoria Democrática, “estarán puestas todas las condiciones para que este tipo de anomalías en la vida democrática no vuelvan a producirse, ni que estén en esos lugares públicos” personajes como Queipo.
Recordaba también Martínez que la retirada de los restos del militar “se podría acometer ya, pero es cuestión de voluntad de la Junta de Andalucía”. A su vez, el Gobierno autonómico de PP y Cs prefiere eludir lo que, en buena lógica democrática, sería su obligación. Lo hace escudándose, no sin razón, en un informe del gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia elaborado durante el mandato de la socialista Susana Díaz.
La consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, recalcaba el jueves pasado que dicho informe jurídico “dejaba claro que era más que cuestionable” que la retirada de los restos pudiera “tener encaje dentro de la Ley de Memoria Democrática; con un informe en esta línea, no de mi Gobierno, sino del anterior, comprenderán que nosotros tengamos todas las dudas del mundo”.
Ciertamente, ni la Junta de Andalucía liderada por Susana Díaz ni el Ayuntamiento de Sevilla encabezado por Juan Espadas mostraron nunca interés en presionar a la Hermandad de la Macarena para que, más allá de cómo cupiera interpretar la letra de la ley, retirara los restos de quien fue descrito por el historiador Paul Preston como “un matón, chivato y mujeriego empedernido” cuyas “charlas radiofónicas nocturnas eran una incitación a la violación y al asesinato en masa”, lo cual no impidió que “fuera enterrado como un penitente de la Cofradía de la Virgen de la Macarena”.
El historiador José María García Márquez, experto en el espadón africanista, atribuye 12.854 “casos documentados” de víctimas asesinadas a quien años después patrocinaría la construcción de la basílica de la Macarena y crearía una fundación para “amparar y proteger a la infancia desvalida”.
Temerosos de enfrentarse a un poder fáctico de la ciudad como la Hermandad de la Macarena, Díaz y Espadas optaron en su momento por ponerse de perfil. En la memoria histórica del Partido Socialista no se han olvidado los temerarios errores cometidos durante la Segunda República en materia de política religiosa: si entonces pudieron pecar de imprudentes, hoy tal vez pecan de timoratos.
En cuanto a la propia Hermandad, su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, se escuda en que falta una ley y un reglamento que la desarrolle lo bastante detalladamente como para que la entidad que preside sepa a qué atenerse.“Cuando la Hermandad tenga las disposiciones que regulen la retirada de los restos y las instrucciones oportunas y precisas bajo el precepto legal, no se tendrá ningún problema en proceder”, ha declarado.
La actitud remolona de la Hermandad es asimilable a la célebre fórmula ‘por imperativo legal’, ideada en los años 80 por diputados de Herri Batasuna y utilizada después por parlamentarios independentistas catalanes para dejar constancia de su desacuerdo con la Constitución que están oligados a prometer o jurar.
Pese a los melindres de Fernández Cabrero, el punto 4 del artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía dice así: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
Una opción manejada, si bien con mucha tibieza, por la Hermandad desde 2018 era trasladar los restos al futuro columbario de la basílica, un lugar mucho más discreto que el que hoy ocupan, pero no se ha llevado a cabo. Junto con su esposa, Queipo, fallecido en 1951, fue enterrado en la basílica en su calidad de hermano mayor honorario y por su contribución a la construcción del popular templo.
Por lo demás, la llegada de la derecha a la Junta de Andalucía ha dificultado aún más ese traslado que tanto ansían los colectivos memorialistas y las familias de las víctimas. A finales de noviembre de 2019, el Parlamento rechazó con los votos de PP, Cs y Vox pedir que la Junta se dirigiera al titular de la basílica de la Macarena, para que, en el plazo de un mes como máximo, procediera a la exhumación y retirada de los restos.
