El miedo al Papa

Detalles menores. Los políticos y el aborto legal

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, demostró esta semana mucha valentía para enfrentar a un poder al que ningún gobernante había desafiado desde 1983; pero, al mismo tiempo, cedió ante la presión de otro, en un asunto vinculado directamente con los derechos humanos de las mujeres más desvalidas. En el primer caso, Vidal decidió desplazar a decenas de oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, por una mezcla de causales que incluyen corrupción, violación a los derechos humanos y por la transformación de las cárceles de la provincia en verdaderos infiernos En el segundo, congeló una resolución de Zulma Ortiz, su ministra de Salud, que había decidido que las reparticiones sanitarias bonaerenses facilitaran la realización de abortos a mujeres violadas, en consonancia con un fallo terminante y unánime de la Corte Suprema de 2012. La reacción de Vidal es consecuencia directa de la presión del Vaticano y de la Iglesia, cuya página oficial difundió la indignación de grupos católicos antiabortistas. En los próximos días, Vidal tiene una cita en Roma con Jorge Bergoglio.

El retroceso de Vidal es, apenas, una muestra más de un factor estructural que recorre toda la política argentina y que se podría expresar, genéricamente, como el miedo de los dirigentes a la figura del Papa. En 2012, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, produjo un fallo muy trascendente respecto de los casos en los que debía aplicarse el aborto. Al tratar el caso de una joven que había pedido abortar emitió un dictamen en el que, por un lado, precisó que el aborto no punible se debe aplicar a cualquier mujer víctima de violación, independientemente de si esta fuera o no deficiente mental. Por el otro, la Corte estipuló que solo era necesario que la mujer denunciara ante los médicos que fue violada para que se realice la interrupción del embarazo. No debería intermediar ninguna autoridad judicial porque el tiempo para abortar en forma segura es de apenas unas pocas semanas, lapso imposible de cumplir por un procedimiento judicial.

A partir de allí se desencadenó un largo proceso de dilaciones e hipocresías. El gobierno nacional ignoró el asunto durante tres años. Simplemente, hizo como si el fallo no existiera. Tan sólo en 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó en su página web una “Guía para la aplicación del aborto no punible”, firmada por un subsecretario. Fuentes que siguen atentamente la evolución del tema cuentan que Cristina Fernández de Kirchner se negó reiteradas veces a plasmar esas recomendaciones en una resolución, en un decreto o en una ley, de tal manera que tuviera fuerza legal.

Así funciona el miedo al Papa.

Daniel Scioli, por su parte, aprobó una resolución que tiene una retórica acorde con el fallo de la Corte, pero que es mucho más restrictiva porque solo permite la realización de abortos a los servicios de tocoginecología, incorpora la participación de un Consejo Interdisciplinario para la toma de la decisión, no es específico respecto de las penalidades que les cabrían a los médicos que incurrieran en maniobras dilatorias ni protege adecuadamente a las menores de edad que hubieran sido violadas. En agosto del 2014, trascendió que el Ministerio de Salud de la provincia crearía hospitales móviles para emergencias, que actuarían en casos controversiales de aborto no punible, junto a un consultorio para garantizar la asistencia con medicación. La Conferencia Episcopal emitió un comunicado de repudio. Scioli emitió una declaración para aclarar que retiraba la propuesta.

El miedo al Papa había vuelto a funcionar.

Solo ocho provincias, desde el fallo de la Corte, pusieron en práctica sus recomendaciones: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Si se mira bien, solo una de ellas, Santa Fe, supera el millón de habitantes. Los distritos de los candidatos presidenciales, Mauricio Macri y Daniel Scioli, adoptaron, en cambio, protocolos más restrictivos. Ese detalle es el que intentó corregir la resolución emitida la semana pasada por el Ministerio de Salud de Vidal, al adecuarse a la legislación vigente. Por un momento, pareció que la provincia de Buenos Aires produciría una ampliación de derechos realmente trascendente. Pero la serie de presiones originadas en la Iglesia obligó a que el martes pasado Vidal diera marcha atrás.

Otra vez, el miedo al Papa.

En realidad, nada de esto debería ser dramático porque la discusión no trata sobre la despenalización del aborto sino del caso específico de las mujeres pobres violadas, porque se sabe que las que tienen mayor poder económico son asistidas en condiciones sanitarias cuidadosas. Si está establecido que una mujer violada puede requerir una intervención médica para interrumpir el embarazo, es lógico que el Estado se ponga a su disposición en ese momento de vida o muerte. Pero es difícil que un fanático entienda este principio tan elemental.

La Agencia Católica Argentina difundió un comunicado de la Asociación Familias por la Paz: “Queremos una Argentina sin vidas descartables, donde haya lugar para todos. Como bien lo explicó el cardenal (Jorge) Bergoglio cuando en el Día del Niño por Nacer en Buenos Aires, nos dijo en su homilía: ‘cuidar la vida, desde que es muy pequeñita que apenas puede verse en una ecografía, hasta la muerte natural, cuidar la vida’. El cambio debe iniciarse en el respeto a la propia vida del hombre, si no ¿de qué cambio hablamos?”.

En el gabinete de Vidal hay posiciones muy enfrentadas sobre el particular. La ministra de Salud, Zulma Ortiz, es una profesional de un alto grado de compromiso con la salud pública, y conoce y difunde desde hace año el grave riesgo para la vida de las mujeres que implica la realización de abortos clandestinos. Pero uno de los hombres de mayor confianza de la gobernadora, el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, es un cuadro del Opus Dei, y quien decide lo que se publica o deja de publicar en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. El principal militante en contra de la aplicación del aborto a mujeres violadas fue el ministro de Producción, Joaquín de la Torre, un ex kirchnerista que ahora trabaja con Vidal.

La marcha y contramarcha de Vidal se produce en un momento muy sensible en distintas bandas. Por un lado, Mauricio Macri volvió de su mejor entrevista con el Papa desde su asunción. Cuando Francisco era Bergoglio, Macri lo desafió con su posición respecto del matrimonio igualitario. Pero ahora Bergoglio es Francisco y en el último Congreso Eucarístico se pronunció a favor del respeto a la vida desde su concepción, mientras Gabriela Michetti, que votó en contra del matrimonio igualitario, gritaba “¡Viva la Iglesia!”. Pero, por otra parte, en los próximos días se realizará en las Naciones Unidas la Conferencia de Derechos de la Mujer, y su relatora vendrá a la Argentina: el tema no pasará inadvertido.

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