Al cabo de treinta años parece que implantar las consecuencias de la afirmación constitucional de que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» es algo especialmente complejo.
La permanencia de signos confesionales como el crucifijo o la Biblia en actos públicos, los funerales de Estado, o la presencia de funcionarios públicos en procesiones u otros actos religiosos, es algo que encontramos todos los días. No ha habido ningún cambio, ni se ha notado esfuerzo alguno para ajustar este tema a la legalidad. La iniciativa de grupos minoritarios en el Congreso de los Diputados para que se retiren de cualquier acto público los símbolos religiosos es un síntoma de que no ha habido ningún movimiento en este tema. Parece que lo que debería ser una adaptación natural y normal necesita otra norma y que la Constitución no es suficiente. Como si no tuviera valor normativo. En todo caso parece excesivo que la desaparición no se haya producido y resulta chocante escuchar a los portavoces parlamentarios del PSOE afirmar en el Congreso que carece de sentido la presencia de esos símbolos, pero que su desaparición se hará según lo requieran las circunstancias sociales. Parece olvidarse de lo establecido en el artículo 9.1 de la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Por eso es inexplicable una tardanza y un incumplimiento constitucional que curiosamente se remite a las circunstancias sociales. Hay una especie de temor reverencial a disgustar a los señores cardenales y obispos, lo que es absurdo, porque ellos están disgustados por nuestra simple existencia, porque en España cada vez hay más laicos que no siguen sus instrucciones. Además cualquier beneficio y cualquier consideración son siempre debidos y alientan su posición extremadamente crítica con el Gobierno.
Esconderse tras la Corona
Otra excusa que se ha oído en estos días es que los protocolos de las tomas de posesión los organiza la Casa Real, lo que al parecer impide la voluntad gubernamental de avanzar en ese camino. Es una explicación inverosímil, que otorga una autonomía en esa materia que la Casa Real no tiene, puesto que el Rey no es legislativo ni ejecutivo, ni judicial. Es como esconderse detrás de la Corona para no hacer lo que se debe. Dado el comportamiento siempre correcto y sujeto a la Constitución de la Corona, es impensable que tengan un planteamiento en esta materia divergente de lo establecido en nuestra Carta Magna. Es cierto que no hace falta una ley y es cierto que los símbolos religiosos no deben estar en ningún acto público como han dicho, juiciosamente, los señores Alonso y Jáuregui . Pónganse en práctica las medidas para cumplir la Constitución. No se puede dar la impresión de que falta voluntad. Es un paso imprescindible, pero sólo es un primer paso para respetar la libertad de las iglesias y de todos los ciudadanos en el marco de una sociedad pluralista y laica.
