Frente a la explosión cultural, la reforma protestante y la multiplicidad de iglesias que surgieron tras el Renacimiento, que puso a la ciencia por encima de la especulación teológica y a la razón sobre la divinidad, se hizo necesario encontrar soluciones institucionales para que esa sociedad diversa pudiera manifestarse libremente. Esas soluciones se plasmaron en las ideas liberales de John Locke sobre la libertad religiosa, que determinaron la necesidad de un Estado laico, es decir de un Estado en el que las instituciones públicas sean independientes y autónomas de cualquier organización religiosa y en el que se entienda a la iglesia como una asociación voluntaria y no obligatoria de individuos.
Estas ideas, acompañadas de otras como la separación de poderes, la igualdad y el respeto al individuo y sus derechos, permitieron el surgimiento de un nuevo orden político, el Estado de Derecho, con el que se instituyeron el constitucionalismo, la democracia liberal, las elecciones libres y justas, los derechos humanos, el libre comercio y por supuesto, el libre ejercicio de la religión y el laicismo. Instituciones que se pondrían en práctica a partir de la Revolución Francesa y la independencia estadounidense.
A los países latinoamericanos el laicismo se demoró en arribar como consecuencia del enorme poder que había adquirido la iglesia católica a partir de la conquista, sin embargo, poco a poco se fue difundiendo por la región. A Ecuador llegó en 1895 de la mano de la Revolución Liberal, cuyo mayor logro es justamente la separación entre Estado e iglesia, debilitando el enorme poder de ésta última, aunque no tanto su influencia. Así, más de un siglo después, en la Asamblea Constituyente de 2008 temas con repercusiones religiosas, como el aborto, el matrimonio igualitario y el uso del nombre de Dios en la Constitución fueron objeto de intenso debate. Como consecuencia, en la supuestamente moderna Constitución vigente el nombre de Dios se invoca en el preámbulo, el matrimonio entre personas del mismo sexo no se incluye y el aborto está prohibido. El principio básico del laicismo es que las instituciones democráticas deben ser libres de generar políticas públicas dentro, únicamente, de los límites de la Constitución, los derechos humanos y la ciencia, y no en base a creencia religiosa alguna. Las instituciones religiosas y sus individuos, al mismo tiempo que deben tener, dentro del constreñimiento democrático, todas las facilidades para practicar su religión privadamente, no deben contar con ningún privilegio ni prerrogativa que les permita formular políticas públicas o vetar o autorizar las tomadas por el gobierno. Tomar decisiones en política pública, como el matrimonio igualitario o el aborto, desde las creencias religiosas del gobernante de turno no sólo es altamente pernicioso, sino también violatorio de los DDHH.
