El laicismo de Sarkozy

En demasiadas ocasiones y aunque no lo parezca, los medios de comunicación no comunican los cambios políticos y sociales que nos afectan profundamente. Ya sé que no lo pueden abarcar todo, que la realidad es muy compleja y que son inevitables las zonas de sombra. Incluso sé que donde haya un Cristiano Ronaldo muy vivo o un islámico Michael Jackson muy muerto que se quiten, momentáneamente, los verdaderos problemas, porque el espacio que éstos ocupan desaloja bastante líquido informativo, asunto éste tan viejo como el pan y el circo romanos. Sin embargo, la ingenuidad o la pertinaz confianza desconfiada siguen logrando que uno se asombre al comprobar que hasta los periódicos más "serios" son incapaces de transmitir las grandes arbitrariedades del poder. No sólo en España, por supuesto. En la Francia republicana, también.
Por su propia naturaleza proselitista, las religiones tienden a ensanchar su territorio social hasta donde se lo permite el poder terrenal. Desde la diplomacia vaticana, reconocida, dicen, como una de las más habilidosas del mundo, se tejen acuerdos con Estados democráticos, es decir, se emparejan Instituciones de naturaleza radicalmente distinta. Da igual que el resultado conculque la Constitución del otro país firmante, como en el caso de España. Pocos son los que, por ejemplo, tienen presente que los Acuerdos con la Santa Sede, firmados durante el régimen franquista, se dan de bruces con nuestro máximo ordenamiento jurídico y que esos polvos dictatoriales siguen generando bastante barro democrático. Entre otras, son pruebas suficientes la financiación de la Iglesia católica o la enseñanza de la religión en secundaria. En España nos hemos acostumbrado a esta situación y la achacamos al secular peso de la jerarquía católica. Sin embargo, empezamos a descubrir que asoman las mismas orejas también en un país constitucionalmente laico y que apenas se altera el pulso de su ciudadanía. Hace algo más de medio año, el 18 de diciembre de 2008, la Santa Sede y la República francesa firmaron, con mucha discreción informativa, un acuerdo sobre la enseñanza superior, acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de marzo. ¿El meollo de la cuestión?: "el reconocimiento mutuo de los periodos de estudios, grados y diplomas de la enseñanza superior otorgados por la autoridad competente de una de las Partes…". Ante una cierta inquietud, generada en medios universitarios, las autoridades ministeriales matizaron que sólo se trataba de diplomas teológicos o canónicos, es decir, los otorgados por las facultades católicas. Hete aquí, sin embargo, que tras la publicación del Acuerdo en el Boletín Oficial de Francia se descubre que afecta a todo tipo de títulos, incluido el Bachillerato como primer escalón universitario. De golpe y porrazo, no sólo la Ley de 1905 que separa a las Iglesias del Estado, sino otra de hace siglo y cuarto se convierten en papel mojado. Esta última, además, no es una ley vetusta y sin incidencia en la realidad de nuestros tiempos. Nada menos que dicta que sólo el Estado puede realizar exámenes públicos en el ámbito de la enseñanza universitaria. Ya en septiembre del año pasado, el presidente Sarkozy empezó a cambiar el rumbo de la nave laica cuya construcción costó mucha sangre ciudadana y sudores políticos para conseguir la paz religiosa. En un discurso, pronunciado en la basílica de Letrán, dijo, entre otras lindezas, que nunca un maestro sería capaz de sustituir al sacerdote en la transmisión de valores. Por motivos históricos, Francia conserva aún una buena musculatura social, minoritaria quizá, pero capaz de dar la batalla frente a este tipo de atropellos. De ahí que se haya constituido el llamado "Comité 1905" con la intención de hacer un llamamiento a las organizaciones republicanas y laicas para conseguir que el Tribunal Constitucional de Francia anule ese acuerdo. En resumen, una Iglesia, en franca regresión militante en el mundo entero, es capaz de arrancar al gobierno de un país constitucionalmente laico un acuerdo que le permite convalidar sus títulos académicos.

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