Otra vez se ha puesto de moda el tema. Hablar de la confesionalidad o la aconfesionalidad del Estado y también de su repercusión en la enseñanza está en boga, suscita muchos debates.
La verdad sea dicha, estamos empezando a cansarnos del uso tan manido y tan fácil de determinados argumentos, de determinados “espacios comunes” (ahora se utiliza mucho esa expresión para nombrar lo que se da por hecho) sobre el factor cohesionador de las religiones a través del tiempo, de la función básica también atribuida a las religiones de aportar esa cosmovisión que le da sentido a la convivencia.
Y estamos cansadas porque de lo contrario nada se dice. Del factor de cohesión que puede aportar, y que de hecho ha aportado, la laicidad, la visión laica de la sociedad y de las relaciones humanas, poco se recuerda, mucho se oculta en el olvido.
La revolución política del 14 de abril de 1931 significó, además del derrumbe de la monarquía tradicional (por decirlo con pocas palabras), que, gracias al racionalismo republicano y a la presión de las masas que habían entendido la llegada de tiempos emancipatorios, el gobierno se apresurara en la secularización de las instituciones y de toda la vida pública. La Constitución Republicana fue clara y dura en el tema de la separación de la Iglesia y el Estado haciendo una interpretación consecuente con la llamada “libertad religiosa”. Su artículo 26, entre otras cosas, suprime el presupuesto del clero, prohíbe a las órdenes religiosas la posesión de bienes que no utilicen como vivienda o para cumplimiento de sus fines privativos, así como el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza, y advierte de que los demás bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
El Artículo 27 establecía la libertad de conciencia y de culto señalando que podía ser privado, y que las manifestaciones públicas de dicho culto habrían de ser en cada caso autorizadas por el gobierno. El 47 lo citamos textualmente. Dice: “El servicio de cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada (…) La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de la actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana”.
Parece ser que esta claridad de posicionamientos no puede producir cohesión social, no le puede dar sentido a la convivencia pacífica y solidaria.
Pero resultó lo contrario. Resultó que el sector más rancio, más fascista, más militarista, más beato de la sociedad española se asustó ante tanta cohesión laica, ante tanta fiesta social y decidió aplastarla. Y a ello dedicó todo su empeño y todo su dinerito, eso sí, con la inestimable ayuda de Dios.
Períodos laicos aparte, la victoria del fascismo volvió a poner a la Iglesia en su sitio, donde Dios manda. Las llamadas “Leyes Fundamentales” del Régimen restablecieron la confesionalidad del Estado y por si esto fuera poco, como colofón al espíritu de Cruzada y al nacionalcatolicismo de 1936, el Estado Español y la Santa Sede firman un Concordato en 1953 (todavía hoy vigente!) que garantiza ampliamente los privilegios de la Iglesia Católica. Hablamos, pues, de un pacto que tiene el alcance jurídico de un tratado internacional entre la dictadura militar y una parodia de Estado auspiciada por Mussolini en 1929, un pacto que se opone frontalmente a la Declaración Universal de 1948 y que establece la religión católica como “la única religión de la nación española”(artículo 1º) y “reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta” (artículo 2º), con la aniquilación de los derechos fundamentales que este acto conlleva.
De este período conocemos sus consecuencias, y del miedo y del oscurantismo en sus escuelas, también (quizás a eso le llaman en el “espacio común” cohesión social).
Y antes de morir (en su camita) el gran tirano, atando todo lo que podía, y con el apremio de los tiempos “mejores” y las previsibles transiciones, llega la necesidad de ambas partes (el régimen franquista y la iglesia Católica) de lavarse la cara internacionalmente revisando el contenido del Concordato, revisión que comienza con los acuerdos de 1976 –sin democracia y sin Constitución y con el Rey tomando posesión de la Jefatura del Estado jurando defender los principios legitimadores del 18 de Julio de 1936- y concluye con los acuerdos de 1979.1
Resumiendo, y sin extendernos sobre la ilegitimidad democrática de unos acuerdos claramente anticonstitucionales: en la España transicionada o transicionante no pegaba la religión obligatoria en las escuelas. El Vaticano lo sabía y acepta la voluntariedad de la asignatura, aunque asegurándose la presencia de la religión católica como oferta obligatoria en todos los niveles educativos y, menos mal, sólo para quienes la soliciten.
Se sostiene, pues, en las escuelas la burda parodia que refleja la contradicción entre un Estado que se dice no confesional en su Constitución (evitando hacer la definición de Estado Laico) y que en la práctica se constituye como un estado confesional católico. Los sucesivos gobiernos desde 1979 han mantenido los privilegios y la presencia de la Iglesia en las Instituciones y organismos del Estado: con la manifiesta implicación confesional de la Jefatura del Estado (es decir, de la familia real), la institucionalización de actos religiosos (ofrendas, consagraciones, días de patrones y demás eventos folclórico-místicos); los símbolos confesionales en organismos públicos; la financiación de la Iglesia Católica a cargo de los fondos públicos y los privilegios fiscales y, por último, el privilegio del adoctrinamiento en las escuelas públicas.
Para que no nos digan que racaneamos habrá que decir a favor del PSOE y de su LOGSE que en un “alarde de valentía” consiguió que la asignatura de religión no computara para la nota media de las calificaciones. Consiguieron que un Notable en catecismo o en lectura de la Biblia no fuera lo mismo que un Notable en Ciencias Sociales, en Física y Química, etc. Todo un logro, toda una valentía. Un desatino.
Y cuando la lógica de los hechos consumados seguía alimentando los “espacios comunes”, el PP, acorde con su ideología nacional católica rancia y conservadora, se atreve a rizar el rizo llevando el asunto donde, según su lógica, debía de estar: en dos legislaturas promueve la ley de Calidad y uno de los platos fuertes es la obligatoriedad de la religión en su vertiente confesional o no ¿?. Las cosas vuelven a su sitio y la curia católica, con su parafuncionariado de 27.000 “catequistas” nombrados por los obispos en las escuelas, encantada.
Siguiendo con el resumen llega ZP y en otro “alarde de valentía” dice que paralizará el calendario de aplicación de la LOCE y que la religión seguirá como estaba. De obligada oferta, no de obligado cumplimiento por el alumnado, con el profesorado que lo imparte elegido, instruido y aleccionado por el obispado pero paganini por la comunidad.
La verdad es que el miedo que mete la Conferencia Episcopal tiene que ser mucho mayor que el que mete toda la Junta de Estado Mayor del Ejército español. ZP ha sido capaz de retirar las tropas de Irak, con lo que eso significa, y no es capaz de retirar la religión de las escuelas laicas. Increíble.
Por favor que venga la III República y nos salve y nos cohesione.
1 De los acuerdos de 1976 y 1979 es de donde emana la situación actual y en todos ellos se habla del “vigente Concordato” (de 1953), del que quedan derogados tales o cuales artículos, pero que es “vigente”: el pacto entre la dictadura militar de Franco y el Estado del Vaticano. Se pueden consultar más detalles en el libro de Gonzalo Puente Ojea Elogio del ateísmo y en los artículos de Juan Francisco González Barón.
Pancho López/ María Ferragudo
