El juez desoye al fiscal en el caso del arzobispo y sigue adelante con más testigos

Llamadas a declarar siete personas que presenciaron distintos aspectos de la gestión del sacerdote que denunció El instructor manifiesta en un auto que no puede cerrar el caso al faltar «importantes y significativas» diligencias

La investigación por el supuesto caso de acoso moral, calumnias e injurias vivido por un ex canónigo a manos del arzobispo de Granada no será archivada después de que declarase el querellado en el juzgado, tal y como solicitó la Fiscalía el pasado mes de junio.

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Granada, ha emitido un auto en el que decide desoir las tesis del fiscal para poner punto y final al proceso judicial. Sigue adelante con la investigación y para ampliarla, entre otras diligencias, tomará declaración a los siete testigos propuestos por la defensa del ex canónigo.

La explicación que da el juez del caso para no secundar la postura del Ministerio Público se resume en un párrafo. Según versa el escrito, facilitado ayer a IDEAL, considera que a «estas alturas de la instrucción no procede tomar una decisión sobre el destino de la causa, pues quedan importantes y significativas diligencias a practicar».

Entre otras, el juez considera que falta dar un paso básico en la investigación. Y no es otro que «oir directamente en el juzgado la versión del mismo querellante sobre los hechos» que motivaron su actuación ante los tribunales. Insiste en que se han obtenido datos con lo hecho hasta el momento, pero también recuerda que «sobre otros muchos» no se encuentra en «disposición de adoptar una decisión con el conocimiento necesario e imprescindible de la causa».

No ha lugar

Al carecer, según su opinión, de base suficiente para tomar una decisión de tal relevancia, en su auto admite tomar declaración a siete personas propuestas por el ex canónigo como testigos. Todas ellas, y según indicaron fuentes del caso, son representantes o miembros de instituciones que fueron testigos de distintos aspectos de la gestión de Javier Martínez Medina, el ex canónigo, que luego dieron lugar a las imputaciones de apropiación indebida, entre otras, realizadas por el arzobispado. Entre estos nombres, el auto cita a Eduardo Huertas, el ex director de la Obra Social de Caja Sur, entidad con la que se firmaron varios convenios, entre ellos, sobre exposiciones y la elaboración de un libro. Junto a él, figuran dos profesores de la universidad, Pilar Bertos y Antonio Calvo; Pilar Parra, directora del archivo provincial y José Rodríguez Tabasco, que acudirá en calidad de ex director de la Diputación provincial, ya que él era el fue testigo del paso del inventario realizado sobre los archivos por parte de Martínez Medina, gestión que luego motivó la acusación de apropiación indebida. Además, figura el representante de Granada Histórica, César Girón.

Por el momento, y mientras la acción penal de Javier Martínez Medina contra el arzobispo de Granada sigue adelante en los juzgados, existe otra denuncia interpuesta, en esta ocasión, por el Cabildo contra el ex canónigo sobre la que aún no existe una resolución. La Fiscalía de Granada recibió esta denuncia por apropiación indebida contra Martínez Medina para que fuese estudiada. Pero fuentes del Ministerio Público en Granada indicaron que aún no se ha tomado una determinación sobre si se archiva o si se sigue adelante contra el ex canónigo por el citado delito. Aunque se hará pronto.

Postura inalterable

Sobre la decisión del juez de seguir adelante con las diligencias, fuentes de la citada institución indicaron que su postura con respecto al caso no ha cambiado y consideran que no es necesario practicar más pruebas para determinar que los hechos denunciados no tienen relevancia penal.

Así lo indicaba la Fiscalía en un auto emitido a finales del pasado mes de julio en el que pedía al juez que archivase el caso al no encontrar indicios de delito. En aquel escrito, consideró el fiscal que la declaración del arzobispo Javier Martínez era suficiente para captar «su falta de ánimo de atentar contra el honor del denunciante». Sobre las acusaciones, el fiscal consideró que no podían considerarse «gratuitas porque se referían a una presunta realidad».

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