Primera victoria procesal importante de las víctimas de los presuntos abusos sufridos cuando eran menores a manos de sacerdotes de la diócesis de Granada. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación a los hechos que investiga de supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes.
En un auto fechado este martes 8 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado considera que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada.
Así, señala que “precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia”.
La acusación particular había solicitado en agosto pasado al Juzgado que decretara la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada. La acusación entendía que se habían infringido varios cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos sacerdotes de la diócesis. Entre ellos, aludía expresamente al canon 524 del citado Código, que obliga al obispo a asegurarse de que provee como párroco a una “persona idónea”.
Además, la acusación particular pedía que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, fuera llamado a declarar como testigo después de que este enviara al instructor, por mandato judicial y tras nueve requerimientos, una copia del expediente canónico. En esa documentación, según la acusación particular, “se evidencia la existencia de un grupo organizado, virulento, perfectamente conocido por el arzobispo de Granada”, formado por diez sacerdotes y dos laicos. El escrito aludía a tres sacerdotes y un seglar como supuestos autores de los abusos, y a otros ocho (siete curas y un laico), como cómplices de los hechos, tal y como admite el arzobispo en una comunicación que forma parte de la investigación preliminar de la Iglesia.
La acusación particular se remitía a un escrito del prelado granadino, incluido en el expediente canónico, en el que consideraba que los ‘romanones’ formaban un grupo “compacto, hermético y virulento” y subraya que ese grupo, supuestamente, “cometió el delito de corrupción de menores” en la persona del joven denunciante, “amén de los delitos de abuso sexual continuado”.
