El juez acuerda la apertura del juicio oral contra el arzobispo de Granada

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por la posible comisión de un delito de calumnias o de forma alternativa uno de injurias, tres delitos de coacciones, un delito de lesiones psicológicas y un delito de integridad moral.
 
Según el auto, el juez acuerda la apertura de la fase de juicio oral, da traslado al Ministerio Fiscal para que presente su escrito y solicita la comparecencia de una serie de testigos entre los que se encuentran el cardenal de Toledo y ex arzobispo de Granada Antonio Cañizares.
El Ministerio Público solicitó previamente la absolución del arzobispo y ese será el sentido también del escrito definitivo que hará público previsiblemente mañana, según fuentes de la Fiscalía.
La apertura de juicio oral se produce después de que el sacerdote querellante presentara su escrito de acusación contra el arzobispo en el que pide una elevada multa por los delitos mencionados, ya que no solicitó pena de prisión para Francisco Javier Martínez.
El juez solicita en el auto un examen del acusado, una pericial psicológica del Instituto de Medicina Legal, y la declaración también como testigo de, entre otros, el ex presidente de la Diputación José Rodríguez Tabasco.
"Indicios" de delito
El canónigo ha renunciado también a una indemnización en el caso de que se probara que el arzobispo cometió los delitos de los que éste le acusa, hechos que no comparte el ministerio público, que solicitó el sobreseimiento del caso al estimar, tras prestar declaración ante el juez los religiosos, que "no podía ser considerado el arzobispo autor" de los delitos que se le imputan.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, encargado del caso, dictó en noviembre un auto por el que proseguía con las actuaciones por considerar que hay "indicios" de delito.
El ahora ex canónigo pidió al arzobispo que se retractara de sus acusaciones realizadas en una carta, fechada en diciembre de 2005, sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro de la Catedral, encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, a lo que se negó Francisco Javier Martínez.
Sin embargo, en su declaración ante el juez el pasado mes de junio el arzobispo negó los hechos que se le imputan, así como "querer dañar" al querellante y dijo que "sólo gobernó la Diócesis para bien de la misma y administrar los bienes de acuerdo con la responsabilidad que tiene confiada".
Según el arzobispo, las actuaciones que dieron lugar a la querella, básicamente la privación de unos encargos y de un oficio en una institución diocesana como es el Cabildo Catedral, son "actos de gobierno interno de la Iglesia", realizados según su normativa propia y competencia de la jurisdicción de un Obispo Diocesano en el libre ejercicio de su ministerio.

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