Sobre cuatro de los sacerdotes pesan acusaciones de graves delitos de abusos sexuales e incluso de violaciones en toda su magnitud
El joven de 24 años al que el papa Francisco telefoneó personalmente el pasado 10 de agosto para pedirle perdón “en nombre de toda la iglesia de Cristo” sufrió supuestamente abusos sexuales y violaciones continuadas muy graves desde que tenía 12 años. Todo un calvario al que le sometieron varios curas de la Archidiócesis de Granada que perpetraron sus acciones con abuso de superioridad en el marco de un colegio religioso de esta provincia en el que estuvo el entonces menor de edad, según fuentes cercanas al caso.
La víctima, que ahora tiene 24 años y que es profesor en un centro de Opus Dei en el norte de España, declaró a la Cadena SER que confía en los tribunales y en que se hará justicia. En una breve conversación que no permitió grabar porque “todo está en manos de la justicia”, el joven se mostró tranquilo aunque algo abrumado por la situación.
Una estremecedora carta enviada al Papa por la víctima ha sido el detonante inicial de una investigación sobre pederastia en el seno de la Iglesia que desarrolla un juzgado de Granada desde el pasado 20 de octubre y que, hasta el momento, ha destapado la implicación en los hechos, por acción u omisión, de al menos ocho sacerdotes y dos seglares.
Las pesquisas del juez, que se hallan bajo secreto sumarial y total hermetismo, han depositado su foco principal en cuatro de esos curas que, supuestamente, habrían agredido sexualmente al menor hasta casi cumplir los 18 años. Abusos que, según las investigaciones, se produjeron de forma continuada en el colegio y en otras instalaciones vinculadas a los religiosos. Fuentes de la investigación anuncian que es probable que, en breve, se ordene la detención de al menos cuatro personas, todos ellos sacerdotes. Una vez detenidos, tendrán que comparecer ante el juez para defenderse de la acusación de graves ataques sexuales que relata la víctima tanto en la carta que envió al Papa antes del verano como en la denuncia que presentó el 15 de octubre ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón.
Según estas fuentes, la carta y la posterior denuncia ante la fiscalía muestran a una persona “muy angustiada”, y no sólo por lo que le tocó vivir en sus propias carnes, siendo menor y bajo la dependencia de religiosos que abusaban de él, sino también ante su intuición de que algo parecido pudiera estar ocurriendo ahora con otros jóvenes. Eso, y la llamada telefónica del Papa, en la que este le pidió perdón, comprendió su dolor y le avanzó que había ya personas trabajando en el asunto, condujeron al afectado a acudir a la justicia y denunciar ante la Fiscalía Superior de Granada. El Papa también forzó a la iglesia española— a la Archidiócesis de Granada— a investigar lo sucedido. El pasado abril, Francisco se comprometió a que la Iglesia tendría “tolerancia cero” frente a los casos de pederastia.
En el caso aflorado en Granada, no todos los sacerdotes investigados tienen igual grado de implicación. Sobre cuatro de ellos pesan acusaciones de graves delitos de abusos sexuales e incluso de violaciones en toda su magnitud. Sobre los otros cuatro, en cambio, pende la figura jurídica del encubrimiento. Es decir, supuestamente sabían lo que estaba sucediendo en el centro, e incluso alguno de ellos, según las pesquisas, pudo favorecerlo, y no hicieron nada para evitarlo. Aunque estaban avisados y en algún caso dormían al lado de la habitación en la que se produjeron algunos de los ataques sexuales. El juez ya ha tomado declaración a algunos de los sacerdotes a los que se atribuye encubrimiento, y dejará para los próximos días la declaración de los cuatro principales implicados.
La actuación de la Fiscalía de Granada, al tener conocimiento de los hechos, el pasado 15 de octubre, fue fulminante. Según los citados medios, el fiscal jefe, tras leer la denuncia, ordenó inmediatamente a la policía diligencias preliminares de verificación y el día 20, apenas cinco días después, firmó un exhaustivo decreto detallando los hechos y su posible encaje penal para su derivación a un juez. Los investigadores están convencidos de que muchos de los abusos (en algunos casos, delitos de abusos continuados en el tiempo) no están prescritos, teniendo en cuenta que, en hechos de este tipo y con víctimas menores de edad, el periodo de prescripción computa a partir de que los afectados cumplen 18 años.
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