El informe de Montserrat contra la pederastia olvida lo más importante: denunciar el caso ante la Policía

El texto, elaborado por monjes de la Abadía, es un compendio de recomendaciones, protocolos, organismos internos y consejos morales para no tener que reconocer la supremacía del poder civil sobre el religioso

El informe elaborado por la comisión de investigación sobre los presuntos abusos sexuales cometidos en el Monasterio de Montserrat recoge toda una serie de recomendaciones y medidas eclesiásticas internas para evitar que se vuelvan a producir los sórdidos sucesos de los últimos años, en los que se han registrado al menos 12 denuncias de menores víctimas de las vejaciones del monje Andreu Soler, un auténtico “depredador sexual y un pederasta”, según las conclusiones de la propia comisión técnica.

El documento, elaborado por la cúpula del monasterio, detalla toda una serie de procedimientos generales a nivel interno como asistencia a las víctimas, protocolos de actuación, creación de delegados dedicados a controlar que los abusos no vuelvan a ocurrir y hasta canales de información como correos electrónicos para que los testigos o las víctimas puedan denunciar los hechos de que tengan noticia. Sin embargo, el documento ha olvidado poner en negro sobre blanco la que debería ser la primera recomendación de todas: denunciar ante la Policía, de inmediato, cualquier caso de abusos en su institución.

El documento, al que ha tenido acceso Diario16, asegura que el abuso sexual es una “lacra social” que afecta allí donde hay menores y que demasiado a menudo “se esconde y se silencia”. Y añade que el Monasterio de Montserrat es un referente para muchos catalanes, tanto creyentes como no, y que es “especialmente deseable dar ejemplo y un modelo de tolerancia cero en relación con los abusos”.

Acto seguido la comisión formula una serie de recomendaciones, algunas en clave espiritual como el “reconocimiento de los hechos” y la petición de perdón, situando los casos de abusos sexuales sobre menores “en relación con sus circunstancias”. Esta recomendación ya se cumplió el pasado fin de semana, cuando el abad Josep M. Soler volvió a pedir perdón a las familias durante la homilía. El informe aconseja además ofrecer una “reparación emocional y acompañamiento” a las víctimas que lo deseen. “Consideramos de gran importancia que se tenga como prioridad a las víctimas y su bienestar. Conscientes de que el monasterio de Montserrat no sólo está obligado por las normas canónicas, sino también por las civiles, recomendamos que se someta a un protocolo de detección de abusos sexuales a menores”. De nuevo este protocolo sería una herramienta interna de la Iglesia para poder seguir manteniendo el control del caso que se detecte, cuando lo lógico sería poner la denuncia inmediatamente en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las recomendaciones suponen sin duda un avance en la lucha contra la lacra de los abusos en el seno de la Iglesia católica, pero se antojan insuficientes, y sobre todo se sigue sin reconocer que por encima del poder divino está el Código Penal.

En su relato de consejos, la Abadía considera que “debido a las particularidades de la estructura del monasterio, se debe confeccionar un protocolo específico que se ajuste a sus características, que facilite el canal de denuncias y la aplicación de las normas civiles y de la Carta apostólica en forma de “motu proprio”. Es decir, más burocracia vaticana que puede llegar a obstaculizar la investigación policial y judicial, ya que en los delitos sexuales contra menores los primeros días son fundamentales para el esclarecimiento del caso. El documento sigue ampliando esta recomendación y asegura que, “de acuerdo con el punto anterior”, el protocolo de protección de menores del monasterio de Montserrat debería contemplar la creación de la figura del Delegado o responsable permanente para la Protección de Menores; y la creación de un correo electrónico como canal de comunicación para posibles denuncias. “Este correo estaría gestionado por el Delegado para la protección de menores y debería estar bien publicitado en las páginas web del monasterio”. Ahora bien, ¿quién controlaría a ese delegado y esa cuenta de mensajería digital? Una vez más nos encontramos ante un sin sentido y ante la intención de la Iglesia de controlar la información y las posibles medidas a adoptar en el caso de que se produzca un caso de abuso sexual.

El conjunto de recomendaciones se completa con otras medidas que difícilmente podrán atajar el grave problema al que se enfrenta la curia: “También se debe regular que si un monje recibe una denuncia de posibles abusos sexuales a menores (ya sea que hayan sido cometidos por otro monje como por una persona del entorno del menor) no sólo tiene la obligación de comunicarlo al abad del monasterio sino también al mencionado Delegado o responsable permanente para la Protección de Menores”, asegura el texto. ¿Comunicarlos al abad del monasterio? ¿Y por qué no al Juez de Guardia?

Finalmente, se insta a “regular” que haya una correcta coordinación y comunicación entre las diferentes secciones del monasterio en el caso de que hubiera una denuncia por abusos sexuales a menores; y “creer siempre la verdad propia de la víctima (esto es esencial para no re-victimizarla y para el inicio de una recuperación lo más sana posible)”.

“Una vez la denuncia de un abuso haya llegado al conocimiento del delegado de la Protección del Menor (ver punto 4.a.), este activará los protocolos aprobados por la Generalitat de Cataluña (Protocolo Marco 2017 de Maltrato y Abuso y Protocolo de Enseñanza sobre maltrato y abuso de 2016)”. Esto es, más burocracia para tratar de esquivar la auténtica realidad, que es que el Estado y las fuerzas de seguridad son quienes poseen la potestad indagatoria y sancionadora, no la Justicia divina ni extraños organismos internos de nueva creación de la Iglesia católica que no vienen más que a entorpecer la investigación de los asuntos. Y que en resumidas cuentas solo hay una forma eficaz de luchar contra el cáncer terrorífico de la pederastia: denunciarlo todo cuanto antes ante la Policía.

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