El imán de Badajoz reclama un cementerio para la población musulmana

COMENTARIO: Los cementerios son lugares públicos para enterrar a toda la ciudadanía, sin distinción de convicciones o creencias ¿o acaso vamos a tener un cementerio por cada forma de pensar? Los cementerios ya es hora de que dejen de ser camposantos y sirvan para todos.


El imán de la mezquita de Badajoz y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel-Najjar, transmite a la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, su "preocupación" por la necesidad de un cementerio para los musulmanes, un proyecto que demanda "desde hace años", así como "un centro cultural Islámico abierto a todos los extremeños para lograr la integración y el intercambio cultural".

Según recoge la agencia Europa Press, Adel-Najjar realiza esta petición en el transcurso de la entrevista que ha mantenido con Carmen Pereira en Badajoz, en la que ha expuesto a la delegada la situación actual de la sociedad musulmana en la región, y le ha demandado su apoyo para que la comunidad musulmana "no encuentre obstáculos a la hora de iniciar actividades comerciales en el territorio extremeño".

Además, el imán reclama a Pereira su "apoyo y respaldo" para que las administraciones extremeñas ayuden a la integración de la comunidad musulmana en la región "facilitándoles el desarrollo de sus vidas en todos los ámbitos".

Adel-Najjar detalla alguna de las actividades que realiza la comunidad en favorecer de "la integración, la convivencia y el pluralismo" en Extremadura, entre las que destaca su "participación activa" en proyectos como el Proceso Comunitario puesto en marcha en la margen derecha de Badajoz o la elaboración de un blog en árabe y castellano donde se relatan todas sus actividades.

Según los datos que aporta, en Extremadura viven unos 17.000 musulmanes de distintas nacionalidades, que viven "respetando el marco constitucional que rige la vida tanto para sus derechos como para sus deberes como residentes".

Por su parte, la delegada del Gobierno recuerda al imán la ley de igualdad de Trato y la No Discriminación en la que trabaja el Gobierno, y que supone una norma "integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio". Subraya que esta norma incluye a todas las personas, incluidas las personas jurídicas, y alcanza todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.

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