Son un millón de ciudadanos con problemas específicos derivados de su religión mahometana. Cuando la necesidad apremia, ni ellos saben a qué instancia deben dirigirse ni la Administración, central o local, sabe con quién debe hablar
En 1992, cuando el Gobierno decidió crear la Comisión Islámica de España, sólo 54 comunidades musulmanas -con sus correspondientes mezquitas o lugares de culto- habían anunciado su presencia en el registro de entidades religiosas. Dos federaciones, la Feeri (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas), y la Ucide (Unión de Comunidades Islámicas de España) decidieron incorporarse a la Comisión como interlocutores válidos del islam en España, después de demostrar su incapacidad para unirse con una sola voz.
Hoy son ya 657 las comunidades musulmanas inscritas en el registro. La mayoría no pertenece a ninguna de las dos federaciones, e ignora qué es y para qué sirve la Comisión Islámica. Algunas conocen la existencia de la Fundación Pluralismo y Convivencia, adjunta al Ministerio de Justicia, y responsable de otorgar ayudas económicas a proyectos sociales o religiosos. Otras acuden a los ayuntamientos o gobiernos autónomos, y se encuentran con que el desconcierto es recíproco. Ni el millón (legal) de musulmanes en España sabe quiénes son sus representantes comunitarios y religiosos. Ni las instancias administrativas saben cómo atender sus necesidades particulares. A diferencia de situaciones institucionales como la francesa o la alemana, la confusión en España es clamorosa. ¿Qué buscan las comunidades musulmanas españolas?
Cuestiones prácticas como disponer de alimentación «halal» (carne desangrada mirando a La Meca). No hay suficientes mataderos «halal» para el millón de musulmanes españoles, ni ulemas para dar los sellos a la carne. Resultado: en la última Fiesta del Cordero las depuradoras de Barcelona se bloquearon porque miles de musulmanes degollaron los animales en los sanitarios de sus casas. «Piden también formación para ulemas españoles, que dirijan la oración de las mezquitas», advierte José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Si no se forman en España, «vendrán ulemas saudíes y marroquíes, mezclarán la religión con su cultura propia y será mucho más fácil que cale el mensaje machista y discriminatorio de la mujer», advierte. Cuando se aborda el problema de la enseñanza de su religión, el problema es similar. No hay profesores para los colegios, ni libros de texto sobre el islam en español, al margen del primer ensayo casi ingenuo de la editorial SM. El islam se está enseñando en mezquitas y oratorios, no se sabe por quién ni en qué términos.
«El islam español no puede ser ni el de Argelia, ni el de Marruecos, ni el de Egipto», advierte el abogado Iván Jiménez-Aybar, especialista en inmigración musulmana. «Si no logramos un islam español, vamos a asistir al aislamiento de las comunidades musulmanas africanas que no se ven apoyadas por los árabes», apunta Jiménez-Aybar. En el fondo, el problema de siempre de falta de un marco institucional adecuado. La Comisión Islámica es un huevo sin sustancia, y sus dos federaciones no se ahorran ataques mutuos. «Es vergonzoso que no haya ningún marroquí en la dirección de la Ucide -afirma el secretario general de la Feeri, Mohamed Kharchich- siendo ésa la mayor comunidad musulmana en España».
Pero la Ucide del sirio Riay Tatari presume de ser la que más comunidades cuenta; no en vano su condición de miembro del PSOE le abre muchas puertas de la Administración actual. «Es una pelea absurda -apostilla Kamal Rahmouni, líder sindical marroquí- porque ni el 10 por ciento de los musulmanes de España conoce siquiera la existencia de esas federaciones». Las comunidades musulmanas piden mataderos que expidan certificación de que la carne es cortada según la ley islámica. Son más de un millón de consumidores.
Enseñanza. No hay libros de texto ni profesores españoles de islam para las escuelas. Como consecuencia el islam lo enseñan en las mezquitas ulemas extranjeros que pueden dar una visión radical.
