El departamento de policía en Louisiana, sur de Estados Unidos, ya no podrá albergar o promover vigilias de oración tras la amenaza de proceso de uno de los principales grupos ateos del país.
El jefe de la policía de Shreveport es también un pastor bautista. Alan Crump tenía el hábito de reunir a los evangélicos de la corporación y líderes evangélicos locales para orar por la ciudad una vez al mes.
Los activistas ateos usaron un artículo legal para impedir que las reuniones de oración se produjeran en la comisaría, que es un lugar público. Además, querían evitar que unos 20 pastores voluntarios que forman parte del programa de capellanía “Pastores de patrulla” siguiera actuando. Ellos hacen un servicio de asesoramiento tanto a oficiales de policía como a presos.
La Freedom From Religion, que dice luchar por la separación total de la Iglesia y del Estado, argumenta que la participación de pastores en actividades de la policía es una actitud “hostil” hacia los ciudadanos que no tienen la misma fe.
El representante de la ciudad de Shreveport, William Bradford, confirmó que la ciudad llegó a un acuerdo para que el departamento de policía no albergue más reuniones de oración. Sin embargo, esto, no les impide participar en actividades religiosas en lugares privados.
Pero de acuerdo con Christian Post, la decisión no afecta el trabajo de los “Pastores de Patrulla” que es visto como un trabajo no religioso. No todos los policías que son acompañados por pastores durante la patrulla comparten la misma fe. Ellos ofrecen sus servicios sin costo al Estado, no generando ningún tipo de vínculo.
“Mientras estas patrullas, esos pastores ofrecen palabras de confort y consejos para los oficiales y los ciudadanos con quienes entran en contacto”, explica la dirección del programa. “En muchos casos, la presencia de ellos impide situaciones hostiles, especialmente si los capellanes están trabajando en un área cerca de la iglesia. Nuestros capellanes son bien conocidos y respetados en sus barrios y sirven como un eslabón de conexión entre la policía y los ciudadanos”.
La FFRF, que tiene más de 32.000 miembros en todo el país, se dedica a impedir que departamentos del gobierno local tengan cualquier forma percibida de involucrarse con la religión.
Han tenido varias victorias para prevenir las reuniones de oración en las escuelas. Sin embargo, la respuesta de las comunidades, generalmente no es bien vista, por entender que ellos violan la libertad religiosa de la población cristiana.
