El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que adquirió la Iglesia desde 1998

El Ejecutivo responde a Cayo Lara que no le puede proporcionar esa documentación porque se lo impide la Ley del Catastro.

El Gobierno de Mariano Rajoy presume de la ley de transparencia que está tramitando y sobre la que se han presentado unas 300 enmiendas, pero al mismo tiempo legitima la opacidad de la Iglesia cuando se supone que se someterá al escrutinio de esa nueva norma. El Ejecutivo se ha negado a facilitar datos a la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha) sobre el «número de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia desde 1998» escudándose en que la Ley del Catastro le impide hacer pública la cifra.

«De acuerdo con el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, «tienen la consideración de datos protegidos el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario como titulares, así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción, de los bienes inmuebles individualizados», aduce el Gobierno en su respuesta a la solicitud de documentación realizada por Cayo Lara el pasado 4 de marzo. En virtud de este «régimen de protección de los datos catastrales de carácter personal concluye no resulta posible la cesión de la información solicitada […] ya que supondría una vulneración del principio de protección de datos«.

El coordinador federal de IU, cree que esta es una muestra más de la protección de la que goza Iglesia. «Deberían de pasar de las palabras a los hechos porque este Gobierno que presume de transparencia hace de la opacidad su regla de oro» dijo este lunes en una rueda de prensa en Madrid en la que ha criticado la actitud del Ejecutivo, porque «se trata de la institución que más subvenciones públicas recibe«.

La Iglesia siempre se ha beneficiado del tabú autoimpuesto de los diferentes gobiernos en torno a esta materia, que está íntimamente relacionada con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Conociendo cuántos ha adquirido la Iglesia desde 1998, como solicitaba Lara, se puede saber, por ejemplo, cuánto deja de ingresar el Estado por este impuesto. También, si la Iglesia cumple con el pago del impuesto en los inmuebles que no entren dentro de las ya amplias y ambiguas exenciones que le otorga la legislación aquellas que se dediquen al culto o al desarrollo de la sociedad o si determinadas administraciones benefician al clero al no obligarle a pagar la tasa.

Asimismo, y no es menos interesante, si la Iglesia especuló con el suelo y sus inmuebles durante los años de la burbuja inmobiliaria, ya que ese año, 1998, marca la entrada en vigor de la Ley del suelo del Gobierno de José María Aznar.

Tabú también la banca

En el mismo sentido, el Ejecutivo se ha negado a proporcionar datos a Lara sobre el «volumen de crédito total y número de créditos superiores a 300.000 euros desde el año 2000 hasta la actualidad, realizados por parte de las entidades que forman el Sareb«. En concreto, el coordinador de IU pretendía conocer aquellos que «se encuentren impagados, considerados como de dudoso cobro, o declarados como fallidos», así como su desglose por «concepto, año, entidad financiera concesionaria» y «aquellas personas jurídicas y físicas receptoras del crédito».

En su respuesta, el Gobierno no tiene problemas en reconocer que pese a que el banco malo sea «una empresa con mayoría de capital privado» y, por tanto, tenga que acogerse a «lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital» y demás normas del ordenamiento jurídico, «debido a la participación del sector público en la misma y la importancia de su actividad para la estabilidad financiera, se ha articulado un régimen específico de suministro de información en las Cortes Generales». ¿Esto qué quiere decir? Que «cualquier solicitud de información confidencial sobre la Sareb» que no esté en relación con las informaciones periódicas que se hacen al Parlamento «no puede ser facilitada directamente por el Gobierno […] ya que estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada».

Sociedad jurídico-privada en la que las acciones se reparten en un 55% para lo privado y un 45% para lo público (desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), pero donde esta dualidad se da de bruces con la realidad ya que su objetivo es arreglar el agujero de la banca nacionalizada. En cualquier caso, el Gobierno cita varias normas la Ley 9/2012 y el Real Decreto 1/2010 para reiterar a Lara que la única información que le puede dar es la que ya se conoce «se trate de información pública y conocida» o la que la Comisión Rectora del FROB dé en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

«El Gobierno nos ha negado en cinco ocasiones la creación de una Comisión de investigación sobre los responsables de la crisis» y ahora «solicitamos estos datos para que se conozca la temeridad y quiénes la cometieron», dijo Lara. Sin embargo «en aras del secreto bancario y por el hecho de que el Sareb tiene un 55% de capital privado, el Gobierno dice que no puede darnos esos datos», denunció.

A principios de junio, el Gobierno también se negó a facilitar el pasado 24 de mayo datos a la Izquierda Plural sobre el número de personas que han sido desahuciadas de su vivienda habitual desde el inicio de la crisis porque, según su versión, esos datos no existían. El 11 de junio, el CGPJ dio el dato de 2012.

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