Las asociaciones proeutanasia saludan la futura norma como un paso adelante Prepara una ley que dará el poder de decisión al enfermo terminal y a su familia
Lo primero que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, el pasado mes de noviembre al hablar de la futura ley sobre cuidados paliativos y muerte digna fue decir lo que no va a regular: «No será una ley de eutanasia, no lo será», enfatizó.
Quedó claro definitivamente que el Ejecutivo socialista sigue sin querer abrir el polémico melón de una práctica, la eutanasia, que sí se había comprometido a estudiar en el programa electoral del PSOE del 2004. Entonces abría la puerta a crear una comisión parlamentaria específica sobre la cuestión.
Así pues, la nueva ley solo regulará otro aspecto no menos controvertido: la capacidad del paciente y de sus familiares de imponer su criterio frente al del médico en los casos en los que se producen enfermedades terminales y dolorosas. Situaciones en las que, según la normativa actual, el facultativo puede tener la última palabra.
Casos como el del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en el que ocho médicos fueron procesados y finalmente absueltos por supuesta sedación irregular de 15 pacientes terminales, demuestran la necesidad de una normativa que evite la discrecionalidad en cada caso. En esa polémica, fue el Gobierno madrileño, del PP, el que inició el proceso al destituir a todo el equipo directivo del centro tras recibir una denuncia anónima sobre la supuesta práctica masiva de la eutanasia en el hospital. Los tribunales absolvieron de todos los cargos a los facultativos.
De hecho, Pérez Rubalcaba destacó en noviembre que la nueva ley española busca también proteger a los profesionales médicos para que actúen bajo amparo legal a la hora de decidir, previa autorización de paciente o familiar, no prolongar el sufrimiento ante enfermedades terminales.
EL PESO DE LA IGLESIA / Solo Andalucía, en marzo del año pasado, ha regulado legalmente en España la muerte digna y la utilización de los cuidados paliativos. Un avance que, a juicio de Teresa Gol, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, es «un paso más». Sin embargo, Gol cree que el problema de fondo que evita regular la eutanasia es «el peso de la Iglesia, porque el Gobierno ha hecho el esfuerzo por el matrimonio homosexual, la ley del aborto y el divorcio, y con esto se le han acabado los cartuchos».
La Iglesia católica no desaprovecha la ocasión para reivindicar la vida frente a la eutanasia o el suicidio asistido. En la misa de la Familia, el pasado 2 de enero en Madrid, el jefe de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, sostuvo que el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia son manifestaciones de una crisis social que, a su juicio, es peor que la económica.
