El Gobierno rediseña la asignatura de Educación para la Ciudadanía

El ministro Wert presenta en el Congreso los ejes de la reforma Cambios en Bachillerato, un nuevo estatuto del docente o pruebas externas para los alumnos En vez de ciudadanía, educación cívica

El Gobierno sustituirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra de Educación Cívica y Constitucional, ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Ciudadanía, ha dicho el ministro, ha creado una polémica y una ruptura social porque "iba más allá de lo que es la educación cívica". La nueva materia "librará" sus contenidos de aquellos temas controvertidos y que puedan conducir al adoctrinamiento, principales críticas de un movimiento contrario a la materia desde su nacimiento.

Wert no ha dado un calendario sobre su sustitución, pero sin duda Educación para la Ciudadanía va a tener una vida corta, pero muy intensa. La materia, aprobada dentro de la ley educativa de 2006 (LOE), venía a responder a una petición del Consejo de Europa de dar más peso a la educación cívica, con la pretensión declarada de enseñar en un curso de primaria y otro de secundaria el respeto a la diversidad, las relaciones personales, la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los Derechos Humanos. En 4º de ESO también se estudia Ética y Ciudadanía y en bachillerato, Filosofía y Ciudadanía, pero estas apenas cambiaban respecto a materias que ya existían anteriormente.

Poco después de su aprobación, la Iglesia católica impulsó un movimiento para boicotearla, a pesar de que los contenidos habían sido consensuados con los representantes de los colegios católicos, limando los más polémicos de tal manera que solo quedó una referencia expresa a la homosexualidad en forma de rechazo a la homofobia. La decisión de algunos padres de promover la objeción de sus hijos a esta asignatura culminó con un dictamen del Tribunal Supremo en el que se estableció, por 22 votos contra 7 en la Sala de los Contencioso, que la asignatura no podía ser objetada dado que no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que deseen.

En cuanto a la familia, la otra gran preocupación de los sectores conservadores, los contenidos básicos de la asignatura solo hablan de explicar "la familia en el marco de la Constitución española". Para los obispos seguía siendo inaceptable, porque aseguraban que iba a servir para adoctrinar a los alumnos en una manera de entender el mundo en la que se habla, por ejemplo, de "género" en lugar de sexo, lo que puede hacer pensar en una elección, en lugar de algo que viene dado. Es decir, de nuevo, una rebuscadísima referencia a la homosexualidad. Por eso, la Conferencia Episcopal declaró abiertamente la guerra a la asignatura y pidió a las familias que la boicotearan a mediados de 2007.

Se inició de esa manera una larga batalla que han librado en realidad los padres y los alumnos (a algunos de ellos les ha costado el título de ESO), que los defensores de la materia nunca han llegado a comprender del todo. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando hasta ahora, que no deben quedar más que un puñado de objetores en toda España (en el último recuento que hizo este periódico, en 2009, eran 114 de 800.000 estudiantes de esas materias). Sobre todo, porque el Tribunal Supremo concluyó a primeros de 2009 que no se puede objetar a esa materia obligatoria, entre otras cosas, porque no adoctrina. Eso sí, la sentencia animaba a vigilar que ningún manual se salte la neutralidad ideológica.

Así que la polvareda se ha ido difuminando con los años, pero a la Iglesia y a un sector conservador nunca se le ha olvidado. Y el Partido Popular, después de algunos coqueteos iniciales de apoyo a la objeción, decidió incluir en su programa electoral lo que acaba de anunciar el ministro Wert: eliminar Educación para la Ciudadanía, cuya creación generó una larga polémica, sustituyéndola por una enseñanza ética basada “en el aprendizaje de los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas”. De hecho, en las últimas semanas, según distintas fuentes, el ministerio ha recibido un aluvión de peticiones de los sectores contrarios a la materia para cumpla, cuanto antes, su promesa. La propuesta del titular de Educación añade la elaboración de un estatuto del docente o la realización de pruebas externas para los alumnos, cuyos resultados se facilitarán a las familias para que usen los resultados en la elección de centros.

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Cinco años después, el PP ha reavivado una polémica que parecía muerta. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que encabezaron en un principio los obispos españoles, volvió ayer al hemiciclo de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El nuevo titular de la cartera asumió los argumentos de los sectores conservadores contrarios a la asignatura al decir que Ciudadanía ha creado una polémica y una “seria división social” porque “iba más allá de lo que es la educación cívica”. Y anunció que la sustituirá por Educación Cívica y Constitucional. La vuelta a esta controversia hizo sombra a otros anuncios de calado, como la profunda reforma del sistema educativo que se ha fijado y que quitará un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato y también a la Formación Profesional de grado medio (ahora tienen dos).

La nueva materia nacerá de eliminar de la antigua las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Se suprimirá todo lo que no tenga que ver con el conocimiento de la Constitución y sus valores y las instituciones de cualquier sociedad democrática y de la Unión Europea. Esto anularía, por ejemplo, todo el bloque que en secundaria habla de las relaciones interpersonales y humanas.

Wert no ofreció ayer un calendario sobre su sustitución, pero un portavoz aclaró que se hará “cuanto antes, si es posible, para que esté lista el curso que viene”. La Conferencia Episcopal Española, que impulsó el boicoteo a Ciudadanía, aplaudió el anuncio, mientras buena parte de la comunidad educativa lo rechazó.

La materia, aprobada dentro de la ley educativa de 2006 (LOE), enseña respeto a la diversidad, las relaciones personales, la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los derechos humanos. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando. En el último recuento hecho por este periódico en 2009, eran 114 de 800.000 estudiantes. Además, el Tribunal Supremo concluyó a principios de 2009 que no se puede objetar a esa materia obligatoria, aunque sí recomendaba vigilar los manuales.

El PP eliminará contenidos que considera "controvertidos e ideológicos"

El cambio de Ciudadanía no gustó a las asociaciones de padres, sindicatos ni oposición. “Sirve para contentar a sectores extremistas políticos y religiosos”, consideraron tanto desde la confederación de padres CEAPA, mayoritaria en la enseñanza pública, como desde el PSOE. Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y socialista, añadió que “no tiene sentido continuar a estas alturas de la democracia con el debate” sobre Ciudadanía. La decisión “va a crispar a la comunidad educativa”, añadió Carlos López Cortinas, de UGT.

El ministro ofreció algún detalle más sobre la reforma que pretende de la secundaria, que consiste en quitarle un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria, para sumárselo al bachillerato. El cambio afectará también a la Formación Profesional (FP) de grado medio, pero manteniendo la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Así, los alumnos de 15 años deberán decidir si van al bachillerato o a la FP y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso. Incluso si piensan dejar los estudios a los 16 años. La idea de quitarle un curso a la ESO ha sido muy criticada por distintos sectores de la comunidad educativa por sus posibles implicaciones en la igualdad de oportunidades, en la segregación educativa, costes y difícil encaje administrativo y pedagógico. Wert defendió ayer que “no será tal” la segregación, pues también se intenta con el cambio mejorar “la imagen social de la FP”. La reforma, añadió, “no tiene orientación ideológica, sino de eficacia”. Para ello quiere reunirse con empresarios y agentes sociales. También aclaró que se van a mantener las pasarelas para llegar desde la FP a la universidad.

La reforma prevé pruebas externas para los alumnos para ayudar a los padres a elegir centro

En su discurso sobre los planes del ministerio, Wert insistió en el diálogo para llegar a acuerdos, en la necesidad de reducir el abandono escolar temprano (28,4%, casi el doble de la media europea) y de buscar la excelencia siendo más eficientes —“hacer más con menos” en tiempos de recortes—. También incluyó algunos detalles que no gustarán nada a la izquierda. Por ejemplo, dijo que la escuela de 0 a 3 años no es educación, sino conciliación.

Tampoco gustarán seguramente las pruebas externas para los alumnos, cuyos resultados se facilitarán a las familias para que los empleen en la elección de centros. Esta medida, que Madrid desarrolla desde hace años, ha despertado una amplia polémica en la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre.

Wert también reiteró su intención de elaborar un estatuto del docente o extender los centros bilingües para pasar de “estudiar inglés a estudiar en inglés”. El ministro se reunirá con todas las comunidades autónomas para definir “de forma común” qué se entiende por bilingüismo. Espera aprobar los cambios a finales de 2012 para que se pueda aplicar a los centros en el curso 2013-2014.

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