En una respuesta al PSOE el Ejecutivo se compromete por primera vez a hacer un listado de los bienes registrados por las diócesis entre 1998 y 2016
El Gobierno del PP nunca se había mostrado dispuesto a censar los bienes inmatriculados (inscritos en el registro por primera vez ) por la Iglesia Católica. Siempre había echado balones fuera alegando que no es su competencia sino de los registradores. Eso ha impedido que exista un listado de estas propiedades. Sólo hay estimaciones.
Ahora, en una respuesta por escrito al Grupo Socialista en el Congreso, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Ejecutivo cede y afirma que “desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias (…) en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica”. El Gobierno explica que, de esta forma, tiende a dar cumplimiento a una proposición no de ley del PSOE aprobada el pasado 4 de abril en el Congreso con los votos favorables de todos los grupos excepto PP y Ciudadanos.
La Iglesia Católica vivió su particular boom inmobiliario a partir de 1998 cuando el Gobierno de Aznar cambió la ley hipotecaria franquista. La norma, que fue modificada de nuevo en 2015, daba a la iglesia la categoría de autoridad pública ( su palabra bastaba para acreditar una propiedad) y le permitió registrar templos o lugares de culto, como la Mezquita- Catedral de Córdoba, por sólo 30 euros.
La elaboración de un listado de bienes inmatriculados permitirá saber cuántas propiedades ha registrado la Iglesia Católica a su nombre gracias a esa ley y dónde están. “Es un paso muy importante para aclarar, de una vez por todas, el número de bienes que han sido inmatriculados por las diócesis para, posteriormente, hacer una labor de comprobación y ver si la Iglesia ha aportado todos los títulos de su propiedad o de su titularidad”, explica el diputado socialista Antonio Hurtado. “En el caso de que no los haya aportardo el afectado, ya sea un particular o la administración, podrá reclamar la titularidad”, añade.
Hurtado, que es diputado por Córdoba, insiste en que la finalidad de ese listado, que deberá estar finalizado en el plazo de 6 meses, es abrir la puerta a posibles reclamaciones. Por eso los socialista exigirán que sea público: “Lo que queremos es que se haga público, que no sea un trabajo que se quede exclusivamente en el ministerio de Justicia, sino que sea un listado y una información pública para que todas las instituciones que consideren que son bienes indebidamente inmatriculados puedan recurrir y puedan impugnar los asientos correspondientes y podamos avanzar en la recuperación de esos bienes“, señala.
En la respuesta al PSOE el Gobierno también advierte de que la única vía para reclamar un bien registrado es la judicial: “El Gobierno no puede relizar ninguna actuación pues los asientos del Registro de la Propiedad están bajo salvaguarda de los Tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria). Cuestión distinta es que estos asientos pueden ser impugnados judicialmente”, dice literalmente el texto remitido por el Ejecutivo.
En 2016 el Tribunal Europeo condenó a España a pagar más de 600.000 euros a una empresa en Palencia que se vio afectada por una inmatriculación. En España los tribunales han rechazado hasta el momento los recursos presentados por el Ayuntamiento de Córdoba reclamando la titularidad de la Mezquita – Catedral. Otros ayuntamientos, como el de Zaragoza, estudian también acudir a la vía judicial para reclamar la titularidad de templos.
