El Gobierno quiere rescatar la ley de libertad religiosa

Incluye la propuesta dentro del plan de derechos humanos que aprobará hoy Fija la creación de un observatorio sobre el pluralismo religioso en las administraciones

El Gobierno no se resigna y, pese a la primera decisión de aparcar algunos proyectos sociales que no contaban con un amplio consenso político para concentrarse primero en la crisis económica, ha decidido ahora rescatar la reforma de la ley orgánica de libertad religiosa. Pero la medida forma parte del amplio paquete legislativo sobre los derechos humanos que aprobará hoy el Consejo de Ministros. El objetivo es adaptarse "a la nueva realidad religiosa de España", según la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.
La voluntad es reformar la ley de 1980, al considerar que situaba a la religión católica en una posición de privilegio. En la ley se señala que el Estado, "teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española" establecerá convenios de cooperación. Y añade que en la comisión asesora de libertad religiosa, que se constituyó en el Ministerio de Justicia, estarán los representantes de las confesiones "que tengan arraigo notorio en España".

DIVERSIDAD RELIGIOSA
El Gobierno espera contar con el consenso amplio que permita esa reforma, que ha ido proponiendo y retirando en varias ocasiones desde las elecciones del pasado mes de marzo. Pero el Ejecutivo pretende, al mismo tiempo, impulsar "un observatorio sobre el pluralismo religioso o un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal". Al proyecto se une la pretensión del Gobierno de "reforzar la formación y enseñanza de los distintos agentes públicos –policías, fuerzas armadas, facultativos y sanitarios– en materia de libertad religiosa".
Pero la cuestión religiosa forma parte de un paquete de 172 medidas que están relacionadas con los derechos humanos y que irá acompañado de su correspondiente memoria económica. De la Vega asegura que ese plan dejará a España "en la vanguardia mundial, junto a Suecia y Noruega", dos países que han aprobado iniciativas similares.

COMPROMISO ANTE EL CONGRESO
Entre ellas está el proyecto que el Gobierno llevará al Congreso para aprobar una ley integral de igualdad de trato y no discriminación y el reconocimiento del voto en las municipales a los extranjeros no comunitarios. El Ejecutivo también pretende modificar la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Pero la cuestión central es el paquete de medidas judiciales para proteger a los detenidos incomunicados y a las víctimas del terrorismo. Para ello se instalarán cámaras en las comisarías que eviten torturas y falsas denuncias contra los policías, como informó EL PERIÓDICO el pasado miércoles.
De la Vega presentará el plan el lunes en Nueva York en la sede de la ONU, coincidiendo con la conmemoración del 60° aniversario de la declaración de los derechos humanos. Una comisión formada por oenegés, expertos y miembros de los ministerios responsables del plan, dará cuentas de su cumplimiento ante a la comisión constitucional del Congreso.

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