El Gobierno propone financiar las mezquitas con imanes moderados

Colaboración en lugar de represión. Ésa es la receta del Ejecutivo para evitar que las mezquitas españolas se conviertan en centros de adiestramiento o captación de terroristas islámicos. La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer el propósito del Gobierno de financiar a las mezquitas y las entidades culturales islámicas, pero a cambio de que garanticen la moderación de sus imanes.

El reto del Ejecutivo socialista es, según explicó la vicepresidenta, «hacer compatibles la libertad religiosa y la seguridad ciudadana», pero siempre «dentro de los límites de la Constitución». Con esta declaración de principios, la número dos del Gobierno quiso desmarcarse del ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien el domingo anunció reformas legales para ejercer un mayor «control» sobre el imán de cada mezquita, «que se sepa quién es y qué va a decir» en la prédica.

EN MANOS DE JUSTICIA
Tras la reunión de ayer del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega subrayó que no será el Ministerio del Interior, sino el de Justicia, el que desarrollará este plan, que coordinará la nueva directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico. La vicepresidenta dejó claro que el objetivo es «reformar la relación» del Estado con la comunidad musulmana afincada en España, e incluso adelantó algunas líneas de actuación.

«Con el máximo consenso posible», apuntó la vicepresidenta, el Ejecutivo quiere acometer una reforma «similar a las que ya existen en otros países europeos», como Francia, Bélgica, Alemania o Holanda. El primer paso será que el Estado asuma la financiación de las entidades culturales islámicas de España para así evitar que caigan en manos de imanes integristas sufragados por gobiernos extranjeros, como, por ejemplo, el de Arabia Saudí.

Para ello, Justicia ofrecerá a la Comisión Islámica de España negociar un convenio financiero similar –salvando las distancias– al que tiene suscrito con la Iglesia católica. Desde 1992, cuando firmó un «acuerdo de cooperación» con la Administración socialista, la Comisión Islámica reclama sin éxito una asignación presupuestaria estable. Su único logro, en 1996, fue que el Gobierno del PSOE aceptara sufragar la enseñanza pública del Corán.

Fernández de la Vega alegó ayer que el importante aumento de la población musulmana en los últimos años aconseja financiar sus actividades religiosas. Con esta colaboración se intentará reforzar a la Comisión Islámica para que, como factor aglutinante del mundo musulmán, prevenga la proliferación de pequeños centros islámicos vinculados a las corrientes más fundamentalistas.

EL REGISTRO
La otra medida ideada por el Ejecutivo es revisar el registro existente de modo que imponga más requisitos a las entidades religiosas que quieran inscribirse como tales. Fuentes gubernamentales apuntan que las entidades religiosas registradas tendrán derecho a subvenciones públicas, pero que la reforma legal también permitirá disolverlas si amparan el integrismo o, por su puesto, el terrorismo.

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