El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó a los obispos a través de una carta y una llamada telefónica su intención de abordar la revisión del sistema fiscal de la Iglesia en España. La carta, según ha sabido MONCLOA.COM hablaba del régimen fiscal en general, aunque citaba concretamente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ha sido la diana de las últimas polémicas sobre el tratamiento fiscal a la Iglesia católica española.
Hasta el momento se sabía que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, había adelantado la voluntad del Gobierno de realizar esta revisión en su visita al Vaticano a finales del pasado mes de octubre. Sin embargo, nada se supo luego sobre si este anuncio se concretó en algo.
La misiva y el contacto telefónico no han pasado de ahí, por ahora. La temprana convocatoria de elecciones generales dejó por el momento aparcada la iniciativa del Gobierno. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue expuesta en el Vaticano sin que el Ejecutivo se lo comunicara previamente a la Conferencia Episcopal Española.
Según quienes conocen el contenido de los contactos, el Gobierno de Pedro Sánchez no nombró expresamente dentro del régimen fiscal de la Iglesia el sistema de financiación a través de la asignación del IRPF. Sin embargo, sí que citó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El sistema de financiación del IRPF fue reformado en 2007 para que el Estado no garantizara a través de los Presupuestos Generales una cantidad mínima a la Iglesia católica, independientemente de lo recaudado a través de este impuesto, como ocurría hasta ese momento.
En cuanto al IBI, el PSOE había llevado en anteriores programas electorales la intención de revisar la exención de la que disfrutan los bienes de la Iglesia. La Iglesia católica mantiene que disfruta de la misma exención que las entidades sin ánimo de lucro, como establece la Ley de Mecenazgo.
Los socialistas llevaron en su programa electoral una revisión de esta exención. El PSOE admite que no paguen el IBI los edificios destinados al culto. Estos beneficios se aplican también a las dependencias anejas, locales destinadas a oficinas, casas y conventos de órdenes religiosas. Los socialistas cree que debería revisarse todos aquellos inmuebles que no se encuentran entre los citados anteriormente.
La postura del PSOE, de la que se podría hacer eco el Gobierno, es que deben pagar los inmuebles propiedad de la Iglesia que se dedican a actividades económicas. Algo parecido ocurriría con el impuesto sobre obras y construcciones (ICIO), un tributo municipal que también entró en disputa y llegó a los tribunales.
La postura de la Iglesia es la de defender que no goza de privilegios fiscales con el IBI. Sin embargo, también es verdad que le resulta un procedimiento incómodo y considera discriminatorio una revisión de los inmuebles que podrían estar disfrutando de la exención del IBI inadecuadamente, si no se hace lo mismo con todos.
La visita de Carmen Calvo al Vaticano se produjo en un contexto en el que el Gobierno pretendía afrontar con la Santa Sede el asunto de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. En esta visita, Calvo se entrevistó con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
Era el primer contacto entre representantes del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la llegada de los socialistas al Gobierno con la moción de censura a Mariano Rajoy. La vicepresidenta Carmen Calvo abordó con Parolin el régimen fiscal de la Iglesia en España, según hizo público el Gobierno.
Igualmente, la vicepresidenta informó a la Santa Sede sobre la revisión del proceso de inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica. Se trataba de otro de los asuntos más peliagudos en la agenda sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia. El Ejecutivo ponía de esta manera sobre la mesa otro de los asuntos molestos para la Iglesia en España.
En la reunión ambas partes trataron también las medidas contra la pederastia. El Gobierno trasladó a Petro Parolin las últimas modificaciones en el Código Penal para que estos delitos fueran imprescriptibles.
LOS OBISPOS Y FRANCO
Pero quizá el asunto que más llamó la atención de esta visita fue el de la exhumación de los restos de Francisco Franco de la catedral de la Almudena de Madrid. El Gobierno se adelantó dando una versión unilateral del contenido de la reunión. Según ésta, el Vaticano se habría comprometido a buscar una solución para la inhumación de los restos de Franco, una vez que fueran exhumados de su actual ubicación, en el Valle de los Caídos.
Sin embargo, en un gesto excepcional, la Santa Sede salió al paso de lo expresado por la vicepresidenta Calvo. En una nota, la secretaría de Estado del Vaticano señaló que no se había pronunciado sobre el asunto de la inhumación.
La polémica continuó y meses después todavía traía cola. En febrero, el Gobierno hizo pública una carta del cardenal Parolin para subrayar que el Vaticano se atendría a lo que decidieran las autoridades. Sin embargo, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó que la autoridad a la que se refería el Vaticano era el Tribunal Supremo, ya que este debe tomar una decisión sobre el recurso presentado por los familiares del dictador.
