La Iglesia seguirá sin pagar el IBI y otros impuestos de los que está exento, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en junio pasado afirmaba que determinados privilegios “pueden constituir ayudas estatales prohibidas”. Así lo confirmó el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PSOE Antonio Hurtado.
Lo paradójico de la respuesta del Ejecutivo popular está en considerar que la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene como base los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, en el caso de la Iglesia católica; y los suscritos en 1992 con judíos, musulmanes y evangélicos.
Sin embargo, como se encargó de asegurar después de conocerse la sentencia el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barrriocanal, lo cierto es que la Iglesia goza de dicha exención en virtud de la Ley de Mecenazgo de 2002, lo que, en su opinión, la equipara con el resto de confesiones, pero también con asociaciones, ONG, fundaciones, o federaciones deportivas.
“Ahí está la Iglesia sí, pero también las fundaciones de partidos políticos”, subrayaba en du día Barriocanal, precisando que en “todos aquellos bienes en que se desarrollan explotaciones económicas no exentas, pagamos el IBI igual que cualquier institución”.
Por contra, en su respuesta, el Gobierno señala, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que están exentos de este pago los de la Iglesia católica en los términos previstos en los acuerdos entre España y la Santa Sede, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación. De este modo, sostiene, “no es necesaria su modificación o anulación”.
