Las negociaciones entre ambas instituciones están más que estancadas. La Iglesia admite que el Estado deje de aportar los 32,8 millones de complemento con cargo a los Presupuestos, pero quiere se eleve del 0,52% actual al 0,8% su porcentaje en el IRPF. Mientras, la vicepresidenta Fernández de la Vega advirtió ayer a los católicos que el Gobierno seguirá con sus medidas laicistas porque España «es un país no confesional» y, según precisó, le ampara la Constitución.
La partida de ajedrez que juega el Gobierno socialista con la Iglesia española se intensifica. Tras la declaración del portavoz de los obispos en la que dejó claro que la Conferencia Episcopal seguirá opinando sobre la moralidad de las acciones del Ejecutivo y sus nuevas leyes, y que no se dejará chantajear con la financiación de la Iglesia, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo «seguirá trabajando» para garantizar la «laicidad» del Estado «porque creemos que es un mandato de la Constitución».
Respecto a la financiación, Fernández de la Vega aseguró que, en los Presupuestos para 2005, no hay ningún cambio. Sin embargo, no quiso precisar qué ocurrirá más adelante. De hecho, el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, se apresuró a subrayar que, «por definición, corresponde a la Iglesia su autofinanciación».
Según informaron ayer a este diario fuentes del Ejecutivo y de la Conferencia Episcopal, la negociación para el ejercicio de 2006, que es cuando deben renovarse los acuerdos económicos vigentes, está más que estancada. El Gobierno no descarta en este sentido, y como primera medida, eliminar la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado, que ahora es de 32,8 millones, algo que la Conferencia Episcopal admitiría en el caso de que el Estado elevase del 0,52% actual al 0,8% el porcentaje de la Iglesia en el IRPF.
Las intenciones del Ejecutivo socialista provocaron ayer numerosas reacciones. El vicesecretario general del PP y responsable del Grupo Popular español en el Europarlamento, Jaime Mayor Oreja, calificó de «disparate monumental» el proyecto del Gobierno «radical-socialista» de revisar las relaciones entre Estado e Iglesia. En declaraciones a Ep, subrayó que se está buscando el «enterramiento» de valores de la sociedad española ante la «falta de ideario propio». Por su parte, el que fuera director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia desde 1991 hasta 1993, Dionisio Llamazares, aseguró que el actual Gobierno «tiene muy claro que el horizonte es conseguir la laicidad», aunque «poco a poco». Mientras, el portavoz del grupo parlamentario de IU-ICV, Joan Herrera, anunció que exigirá al Ejecutivo que, ante los Presupuestos Generales del Estado para 2005, se ponga fin al adelanto que el Estado adjudica a la Iglesia católica en previsión de los ingresos por la casilla del IRPF. Por último, el presidente de la Unión de Hermandades Profesionales Católicas, Luis Labiano, calificó ayer al Gobierno de «novato» y aseguró que hay una «cruzada fabulosa contra la Iglesia de la Masonería»
