El Gobierno mantiene bloqueado el pago de la ayuda que le concede anualmente a la abadía del Valle de los Caídos para el mantenimiento del culto y poder atender la escolanía en pleno pulso por la negativa de la orden religiosa a autorizar la exhumación de Franco al no contar el Ejecutivo con la autorización de los nietos del dictador.
A finales de enero pasado, Patrimonio Nacional requirió a los monjes que justificaran el gasto como paso previo a librar la subvención anual de 340.000 euros correspondiente a 2018. Fuentes de la orden aseguran a este diario que ya han presentado la justificación, pero siguen sin recibir el dinero (la pasada anualidad y al menos una parte de la de 2019).
El Ejecutivo de Pedro Sánchez justificó su decisión de bloquear la subvención a la comunidad benedictina en las conclusiones del informe de fiscalización al consejo de administración de Patrimonio Nacional correspondiente a 2013 y conocido en 2016. El Tribunal de Cuentas detectó que no se había rendido “nunca” cuenta justificativa de dicha ayuda ni se había ofrecido “una explicación” sobre la relación de dichos gastos con las obligaciones asumidas por la orden religiosa en virtud del convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos firmó con la abadía benedictina de Silos el 29 de mayo de 1958.
El requerimiento del Gobierno se producía semanas después de que el prior de la abadía del Valle de los Caídos (Santiago Cantera) hubiera denegado al gabinete de Pedro Sánchez la preceptiva autorización para proceder a la exhumación de Franco debido a la “oposición” frontal de los familiares y días después de que la vicepresidenta Carmen Calvo enviara una carta al secretario de Estado de la Santa Sede (Pietro Parolin) en la que ponía en su conocimiento tal decisión y le instaba a tomar las decisiones necesarias a fin de “remover los obstáculos” que permitieran al Gobierno ejecutar el traslado y reinhumación de los restos del dictador a otra sepultura.
Fuentes próximas a la orden benedictina señalan que el funcionamiento de la actividad no se ha resentido por el remanente que acumulan de ejercicios anteriores y por los donativos que han recibido de particulares tras trascender el bloqueo de la subvención pública, si bien advierten de que empezarán a notar el perjuicio en caso de que la situación actual se prolongue.
En su artículo quinto, el decreto-ley por el que Franco creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos establece como obligaciones de la abadía “mantener el culto con todo el esplendor que la Iglesia recomienda”; “dirigir y adiestrar una escolanía que contribuya a la mayor solemnidad de las funciones litúrgicas”, “dirigir el Centro de Estudios Sociales”, “seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, su legislación y realizaciones”; “recopilar la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia” y “mantener al día una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social”, entre otras.
Mantenimiento de la escolanía
El mayor gasto lo representa el mantenimiento de la escolanía, integrada por unos cincuenta niños de entre nueve y 14 años en régimen de internado. Éstos reciben la formación académica acorde a su edad y reciben enseñanzas musicales, cantando diariamente en gregoriano la misa en la basílica.
La suspensión de la ayuda a la abadía se produce mientras han aumentado de forma exponencial las visitas al Valle de los Caídos. El número de entradas vendidas para acceder al conjunto monumental creció un 53 % durante el primer semestre del año (de 115.408 a 177.109 personas), siguiendo la tendencia ya registrada en 2018. Dicho ejercicio, cuando anunció Pedro Sánchez su intención de proceder a la exhumación y traslado de la momia de Franco, se cerró con un repunte del 33,75 % tras contabilizarse 378.875 visitantes (95.598 más).
