El Gobierno liquida el derecho a decidir de las mujeres con la ley del aborto más restrictiva de la democracia

1979. Once mujeres se enfrentan a una pena de hasta 12 años de cárcel. Todas madres con dificultades económicas y sociales. Todas habían abortado. Todas fueron indultadas por la presión social. El caso de las Once de Bilbao irrumpió en la sociedad y coló el debate sobre las despenalización del aborto en las discusiones parlamentarias. La presión se materializó en la primera ley del aborto de España. Lo que entonces supuso una de la mayores conquistas para la mujer hoy se torna una vuelta al pasado, porque el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley aún más restrictivo que la legislación de 1985. Esa nueva norma ha dado este viernes su primer paso y ni la presión de los colectivos, ni siquiera la tendencia europea -en la mayoría de países impera la ley de plazo- han frenado al Gobierno: el anteproyecto de ley regresa a los supuestos como delito, pero en vez de los tres incluidos en la de 1985, deja solo dos: violación y riesgo de salud física o psíquica para la madre. El Gobierno elimina la malformación del feto para poder interrumpir el embarazo.

Esta es una de las principales novedades de la nueva norma, cuyo enunciado ya apunta hacia donde se dirige la norma ideológicamente: Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. La inclusión o no de este supuesto ha generado una intensa polémica social desde que el ministro lo anunciara en un debate parlamentario hace unos meses. Finalmente, la malformación del feto no será un motivo que justifique el aborto. Sólo si la mujer alega un grave riesgo para su salud mental podría considerarse esta posibilidad. No obstante, la mujer tendrá que someterse a dos informes médicos que certifiquen el riesgo (en ningún caso estos médicos serán una de las personas que vaya a practicar el aborto -que en la mayoría de los casos pertenecen a clínicas privadas-) y el feto deberá ser examinado y diagnosticado por otro médico distinto, que pruebe la patología y “siempre que no sea incompatible con la vida”. “La malformación no es en sí misma merecedora de una disminución de derechos”, ha dicho Gallardón: “No hay fetos de primera y de segunda”.

La mujer podrá interrumpir su embarazo hasta la semana 22 de gestación en los supuestos de riesgo para su salud -”cuando haya un riesgo certificado”- y en el caso de violación, pero, incluso en este último caso, recibirá información y asesoramiento sobre las ayudas y alternativas, atendiendo a su circunstancias, sobre todo la edad. Tras recibir esta información por trabajadores sociales y médicos, distintos a los que le practicarán el aborto, la mujer tendrá siete días de reflexión en lugar de los tres que contempla la todavía vigente ley de 2010.

LA MUJER, RELEGADA

La decisión de la mujer queda, en cualquier caso, sometida a la decisión de un comité de expertos que será quien en última instancia decida. “¿Es que el Gobierno no confía en las mujeres?”, preguntó un periodista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Apostamos decididamente por la libertad de la mujer”, respondió Gallardón, que puso un pero a esa libertad: “Pero debe ser una libertad bajo el consentimiento informado de especialistas”. “¿Se siente usted cómoda con esta ley?”, preguntó una periodista a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Igual de cómoda que con la de 1985″, zanjó.

Sin sorpresas, el Gobierno elimina, asimismo, la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, como contempla la norma de 2010. La nueva ley regula, además, la objeción de conciencia no sólo la de los médicos sino la todo el personal sanitario, incluso la de las personas que dan información sobre el aborto. Gallardón no ha dejado ningún cabo suelto y modificará incluso la Ley de Publicidad para “prohibir” campañas e informaciones sobre el aborto o el anuncio de clínicas privadas. “Es un hecho demasiado sensible”, ha justificado.

Esta reforma o contrarreforma, como la han llamado algunos colectivos, responde a las exigencias del electorado más conservador del Partido Popular y a las presiones de la Iglesia Católica, que promovió y lideró manifestaciones y protestas contra la ley del Gobierno de Zapatero. La norma despoja a la mujer de este derecho, tal y como lo reconocía la ley de plazos aprobada en 201o -podía decidir abortar libremente hasta la semana 14 de gestación- y la sitúa en el plano de una “víctima” que debe resolver un conflicto del que no es responsable, según ha subrayado en varias ocasiones el ministro de Justicia. “Es por eso -ha dicho- que esta ley, por primera vez en la historia de España, libera a la mujer de sufrir cualquier reproche penal”.

VUELTA AL “EQUILIBRIO CONSTITUCIONAL”

Gallardón ha criticado que fue el Gobierno de Zapatero el que “rompió unilateralmente el equilibrio” que había establecido la ley del 85 y que en tres ocasiones ha corroborado el Tribunal Constitucional, una ley -la del 85- que “tampoco modificó el PSOE”. No hizo referencia, sin embargo, a que tampoco la modificó Aznar durante su gobierno de ocho años. “Nosotros hemos tenido la valentía de tener en cuenta a las dos partes, de recupera el equilibrio constitucional ente los derechos del nasciturus y de la mujer”, ha dicho el ministro, que ha insitido en que “la vida del concebido y no nacido encarna un valor fundamental, y el Estado está obligado a defenderlo”.

La falta de debate y el oscurantismo ha rodeado la aprobación de la norma en estos últimos dos años, marcada por desacuerdos en el propio seno del PP y aprobada a las puertas de Navidad y sin la presencia del presidente del Gobierno. De hecho, el jueves, hasta última hora de la tarde, cuando lo confirmó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, había quien dudaba de que el Gobierno pudiera aprobar una ley de tanto calado estando ausente el presidente, que está en Bruselas participando en el último Consejo Europeo del año.

Con esta ley, el Gobierno calma las exigencias de aquellos que denunciaban que la ley de plazos era “un coladero”, olvidando las cifras: en Andalucía, por ejemplo, el número de mujeres que se acogieron a la norma de 2010 y abortaron sin una causa justificada, descendió: en 2011, el 93% de las 23.281 mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo en la comunidad lo hizo a petición propia, sin causa clínica justificada. En 2012, esta cifra descendió y fueron 22.929 las mujeres que abortaron en la comunidad autónoma. Hace unos meses, no obstante, la delegada territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla, Francisca Díaz, advertía de que en 2011 aumentaron los abortos un 5% en Andalucía, “cuando la crisis económica era más cruda”. Más de 20.000 andaluzas no podrán abortar libremente en Andalucía a partir de la aprobación de la ley en Parlamento.

MOVILIZACIONES CONTRA LA CONTRARREFORMA

Tras conocer la inminente aprobación de la ley, el PSOE se reunió de urgencia para analizar la situación. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado que su partido utilizará ”los instrumentos en el parlamento y la movilización social” para evitar “un recorte incomprensible de las libertades de las mujeres”. Valenciano estima que la mayoría de mujeres no podrán ejercer su derecho a abortar, sobre todo, las que tengan menos recursos, y lamenta que esta reforma “les añada más sufrimiento sin justificación alguna”.

Organizaciones de mujeres de todo el país están convocando ya movilizaciones contra la nueva ley. En Andalucía, ya están previstas protestas en Sevilla, Granada y Málaga. La protesta central está convocada a las 19.00 horas frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, aunque también ha habido una concentración frente al Palacio de la Moncloa.

“España se convierte en el único país de la Unión Europea, junto a Irlanda y Polonia que niega este derecho a sus mujeres”, ha denunciado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que ha mostrado su “total repulsa” a la consideración de la mujer como una víctima: “Todas las mujeres que interrumpen su gestación son mujeres adultas, conscientes de su decisión. Son mujeres que voluntariamente deciden no continuar adelante su embarazo. Una madurez que seguirán ejerciendo, esta vez desde la clandestinidad y el éxodo abortivo”.

mani aborto Sevilla

Una protesta contra la ley de Gallardón en Sevilla. // O. C.

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