El Gobierno griego decidió hoy continuar con el acuerdo alcanzado el 6 de noviembre entre el primer ministro, Alexis Tsipras, y el arzobispo Jerónimo II, que pretende ser un primer paso hacia la separación de poderes entre Estado e Iglesia, a pesar de su rechazo por la conferencia episcopal helena.
El Gobierno de Tsipras anunció esta tarde que “procederá inmediatamente a la elaboración de un proyecto de ley” respaldándose en la intención de los obispos de formar una comisión para negociar con el Gobierno “los temas de interés común”.
Sin embargo, la conferencia episcopal de la todopoderosa Iglesia Ortodoxa griega rechazó horas antes un punto clave del acuerdo: la parte que preveía que los clérigos dejasen de ser considerados funcionarios y que el pago de sus salarios se hiciera a través de un fondo que sería financiado por el Estado.
La oficina del primer ministro definió el comunicado conjunto del 6 de noviembre como un “paso histórico hacia la racionalización de las relaciones entre Iglesia y Estado” y resaltó que el proyecto de ley se pondrá en conocimiento del comité especial creado por la conferencia episcopal antes de ser sometido a votación.
Aun así, no dejó lugar a dudas de su intención al resaltar que “el estatus de los salarios de los funcionarios eclesiásticos, en cualquier caso, es responsabilidad y decisión del Estado“.
El acuerdo entre Tsipras y Jerónimo II pretendía solucionar un viejo conflicto entre el Estado y la Iglesia, que desde la década de 1950 reivindica millones de hectáreas de bosques, tierras cultivables y miles de bienes inmobiliarios urbanos, con documentos de propiedad cuya autenticidad difícilmente puede ser comprobada, tales como decretos de emperadores bizantinos y sultanes otomanos.
Precisamente, respecto a la gestión del patrimonio inmobiliario de la Iglesia los obispos decidieron formar la citada comisión para negociar con el Gobierno.
Pero el punto que ha levantado ampollas entre obispos y clérigos -de que dejasen de ser considerados funcionarios– permitiría, como ya anunció Tsipras, la contratación de 10.000 nuevos empleados públicos, una cifra considerable en un país con un índice de desempleo del 18,9 %, y del 36,8 % en el caso de los más jóvenes.
Aunque de iure Grecia es un Estado laico, de facto la Iglesia ha tenido hasta ahora un poder fáctico, con numerosos privilegios.
La Constitución helena está redactada “en el nombre de la Santa e Indivisible Trinidad“, una frase que resume el dogma de la Iglesia Ortodoxa de Grecia.
El presidente de la República presta juramento también “en el nombre de la Santa e Indivisible Trinidad“, por el artículo 33 de la Carta Magna, lo que excluye, de facto, que sea ateo o no cristiano.
Además, los representantes de la Iglesia están presentes en todo acto público del Estado: su bendición forma parte del comienzo del periodo de sesiones parlamentarias, así como del año escolar, y el icono de Jesús está en el pleno del Parlamento y en todas las salas de tribunales.
