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El Gobierno francés aprueba este miércoles la polémica ley contra el separatismo islámico que prevé penar con 5 años de cárcel la presión islamista a funcionarios

El Gobierno francés prevé imponer penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ejerzan presión sobre funcionarios o personas con misiones de servicio público para saltarse algunos de los grandes principios republicanos como el laicismo.

Ese nuevo delito de “presión separatista” también podrá conllevar para los extranjeros una expulsión de Francia durante diez años, explicaron consejeros del Gobierno este martes, la víspera de la presentación en Consejo de Ministros de un proyecto de ley centrado en la lucha contra el integrismo islámico.

Con ese delito se tratan de impedir, por ejemplo, presiones de los padres de un alumno a un profesor para que no le dé clases sobre la libertad de expresión o el laicismo, como ocurrió con Samuel Paty, decapitado por un joven yihadista checheno a la salida de su escuela en la región de París el pasado 16 de octubre.

Antes de ser asesinado, Paty sufrió una campaña de acoso lanzada por el padre de una de sus alumnas y por un conocido islamista -ambos ahora imputados y encarcelados- por haber mostrado en clase las polémicas caricaturas de Mahoma en un curso sobre la libertad de prensa.

Su caso también ha servido de inspiración para otra figura penal del proyecto de ley, que incluye penas de tres años para quienes pongan en peligro la vida de una persona difundiendo datos suyos como identidad, profesión o familia.

Las penas podrán llegar a cinco años cuando la víctima sea una persona depositaria de autoridad pública o con una misión de servicio público.

Además, la prohibición de hacer proselitismo religioso en las administraciones públicas se reforzará y se ampliará a las empresas de servicio público, como las del transporte.

En la práctica se trata de evitar no solo los signos religiosos ostentosos como el velo islámico sino también, por ejemplo, que un conductor de autobús se niegue a dar la mano a una colega por ser mujer.

Los prefectos (delegados del Gobierno) podrán suspender decisiones de los ayuntamientos cuando estimen que infringen las reglas del laicismo, como la apertura de una piscina con horarios diferenciados para hombres y mujeres.

Para que los niños pequeños no sean adoctrinados en estructuras paralelas a las escuelas, un fenómeno creciente en Francia donde proliferan las madrasas (escuelas islámicas) más o menos clandestinas, se reforzará la escolaridad obligatoria.

También se controlará de forma más estricta el consentimiento explícito de las personas que se casen para evitar las bodas forzadas y la emisión de títulos de virginidad estará penalizada.

Este proyecto legislativo, que se presentará coincidiendo con el día en el que se cumple el aniversario de una conocida ley de 1905 que asentó los principios del laicismo en el Estado francés, era una promesa del presidente, Emmanuel Macron, desde hacía mucho tiempo.

Pero ha cobrado un impulso y un eco particular con la ola de atentados terroristas en Francia desde septiembre.

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