El Ejecutivo mantiene una prudencia extrema antes del viaje de la vicepresidenta al Vaticano
Por primera vez desde que EL PAÍS empezó a publicar las informaciones que muestran la opacidad de la Iglesia española con los casos de pederastia y abusos sexuales sufridos en su seno, el Gobierno no tuvo más remedio que emitir una opinión en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pero el Ejecutivo evitó cualquier reproche a la Iglesia por ese silencio de décadas y no mostró ninguna intención de entrar en el asunto creando algún tipo de comisión, preparando algún informe o replanteándose el Concordato, que exime a los sacerdotes de dar cuenta de las agresiones sexuales que conozcan en el ejercicio de su ministerio.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, expresó la solidaridad del Ejecutivo con las víctimas, pero derivó cualquier responsabilidad hacia la Iglesia y los tribunales, a los que suelen llegar muy pocas de ellas. EL PAÍS solo ha encontrado 33 casos judicializados, pero todos los expertos —también los de la propia Iglesia— admiten que ha habido muchísimos más y han sido ocultados por esta institución que no hace públicas, ni siquiera, las denuncias que ha recibido. Tampoco dice qué ha hecho con ellas o cuántos curas han sido trasladados.
“El Gobierno se solidariza con las víctimas de abusos. Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia aún más, y el lugar donde se produce lo hace aún más repugnante. Con todo respeto a la Iglesia y a los católicos, hemos de decir que queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas, pero obviamente no corresponde a este Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales, y por tanto serán ellos los que tengan que hacer esa labor”, dijo Celaá.
El Gobierno mantiene una extrema prudencia en su relación con la Iglesia en las últimas semanas, y ha rechazado estos días las invitaciones de EL PAÍS para dar su opinión sobre la opacidad de la Iglesia española sobre sus casos de pederastia.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, tiene previsto reunirse el día 29 en Roma con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, con muchos asuntos encima de la mesa, desde las inmatriculaciones de bienes hasta la exhumación de Franco. Ahora se suma este escándalo. Calvo ha optado por evitar cualquier tensión con la Iglesia antes de esa cita.
