Desde Presidencia no se ve mal esta propuesta planteada por la Conferencia Episcopal Española, ante la revisión del actual sistema de financiación, el próximo mes de diciembre. El Gobierno tiene intención de mantener los acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado en esta materia, tal y como ha mafiestado en reiteradas ocasiones el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
No obstante, dichos acuerdos prevén que, en el futuro, la Iglesia deberá autofinanciarse. En este sentido, el Ejecutivo contempla la posibilidad de establecer un sistema transitorio como elevar el margen de la asignación tributaria, es decir, las aportaciones indirectas que realizan los ciudadanos a través de su declaración de la renta.
Según las mismas fuentes, el Gobierno aún no ha decidido la vigencia del futuro sistema y baraja varias fórmulas: durante un periodo de cinco años (como ha venido siendo hasta ahora); de diciembre hasta el final de la legislatura; o incluso una revisión anual.
Aún no hay fecha para la reunión de la comisión mixta Gobierno-Conferencia Episcopal que negociará estas cuestiones ya que la prioridad, en estos momentos, es el el futuro de la clase de religión en la escuela pública. Sobre este punto, el Gobierno mantiene las líneas del programa del PSOE: oferta obligatoria en los centros, pero no evaluable a efectos de curriculum.
En todo caso, las conversaciones sobre la financiación no deben demorarse tras las vacaciones, ya que se debe de tener en cuenta a la hora de diseñar los presupuestos generales de 2006.
EL ACTUAL SISTEMA
El actual sistema genera fondos del Estado a la Iglesia, por una parte, de manera indirecta a través de las aportaciones de los contribuyentes en la declaración de la renta y, por otra, a través de aportaciones directas del Estado, vía presupuestaria.
Justicia entiende que el sistema es forzosamente transitorio y lo ideal es que la parte que aporta el Estado vía presupuestaria vaya disminuyendo y que los fondos que reciba la Iglesia derivasen de las aportaciones indirectas de los ciudadanos.
De cualquier forma, la voluntad del Gobierno es llevar a cabo, en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia Católica, las negociaciones que están previstas en los acuerdos y se excluyen acciones unilaterales que no obedezcan a los mismos.
APORTACIONES DEL ESTADO
La Iglesia Católica recibió el año pasado un total de138 millones procedentes de las arcas del Estado, a través de la asignación de los contribuyentes en la casilla del 0,5 por ciento del IRPF y las cantidades establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, a los que tuvo acceso Europa Press.
La cantidad que recibe la Iglesia se ha incrementado todos los años un 2 por ciento desde 2000 registrándose la siguiente evolución: 120 millones de euros en 2000; 130 millones en 2001; 133 millones en 2002; y 136 millones en 2003.
En lo que se refiere a las asignaciones que recibe la Iglesia exclusivamente a través de la casilla de la declaración de la renta, la Agencia sólo dispone de datos cerrados hasta 2002, año en el que los contribuyentes destinaron 105,9 millones.
En este sentido, la Iglesia recibió por parte del Estado27 millones adicionales, al margen de la casilla de la renta, en virtud de los pagos acordados a cuenta de los Presupuestos, para garantizar la financiación de esta institución (fundamentalmente para las retribuciones de los sacerdotes, el mantenimiento de parroquias y el material litúrgico).
Según los mismos datos, las asignaciones de los contribuyentes se elevaron en 2000 a 97,7 millones, a los que se sumaron otros 31 por vía presupuestaria. En 2001, la casilla del 0,5 le reportó 95,7 millones a la Iglesia, y por vía presupuestaria recibió además otros 30.
