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El Gobierno deja en manos de los ayuntamientos cobrar el IBI a la Iglesia

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha acusado al Gobierno de no intentar introducir ningún cambio en la legislación estatal para que la Iglesia Católica comience a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y deja en manos de los ayuntamientos el cobro de este tributo.

Llamazares registró el pasado 2 de marzo en el Congreso una serie de preguntas en las que cuestionaba al Gobierno del PP si tenía previsto seguir el ejemplo de Italia, donde recientemente se ha acordado que la Iglesia pague el IBI por sus bienes inmuebles o sobre qué iniciativas tenía previsto desplegar para acabar con "privilegios fiscales injustificados, siguiendo la orientación de la Comisión Europea".

El parlamentario de IU por Asturias también preguntaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy si "piensa establecer un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que son propiedades de la Iglesia Católica y de sus organismos correspondientes".

En la respuesta escrita por parte del Gobierno se indica que el Estado no hará ningún censo de los bienes inmuebles de la Iglesia para que paguen el IBI porque "tales bienes estarán inscritos a favor de la entidad de la Iglesia Católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deberán girar el correspondiente impuesto y la Iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente".

Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy justifica en sendas leyes aprobadas por sucesivos gobiernos del PSOE y del PP en 1994 y 2002 -la Ley 30/1994 y, posteriormente, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo- la exención de este impuesto municipal.

Según fuentes consultadas por IU, si la Iglesia pagará el IBI se podrían ingresar en torno a 2.500 millones de euros. Por ello, Llamazares considera que "para conocer con detalle ese patrimonio es necesario que el Estado establezca un censo del mismo".

Por último, el diputado de IU recordaba en su escrito dirigido al Gobierno que la Iglesia es la "mayor propietaria" de bienes inmobiliarios en España, "un enorme patrimonio que está exento del IBI".

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