Con la excusa de atentar contra la seguridad del Estado y bajo el estado de emergencia, el gobierno turco acalla en todos los ámbitos (universidades, escuelas, judicatura, administración, medios de comunicación, asociaciones,…) a quienes consideran que no se ajustan a su política, vulnerando la libertad de expresión, asociación o pensamiento.
El gobierno de Turquía ordenó este martes el despido de más de 15.000 funcionarios, así como el cierre de 550 asociaciones y nueve medios de comunicación, por supuestos vínculos con organizaciones que atentan contra la seguridad del Estado, informó la agencia semipública turca Anadolu.
La orden determina el despido de 7.586 policías, 1.988 miembros de la armada y 5.434 funcionarios de otras instituciones.
La medida fue dictada mediante un decreto emitido este martes bajo el estado de emergencia introducido tras el fracasado intento de golpe militar del 15 de julio pasado y forman parte de una intensa purga que efectúa Ankara tras la fallida asonada.
Entre las entidades clausuradas hay numerosas ONG, como la Asociación de Abogados Contemporáneos o la Asociación de la Paz, y 19 instituciones privadas de salud, así como siete periódicos locales, una revista y una emisora de radio.
Por otro lado, las autoridades turcas han lanzado una operación contra presuntos golpistas infiltrados en las fuerzas aéreas, y la fiscalía ha emitido orden de arresto contra 60 militares, según Anadolu.
Bajo el estado de emergencia, el Gobierno puede aprobar decretos ley que sólo tienen que pasar por el Parlamento 30 días después, y los despidos ordenados este martes se suman a los de otros varios miles de funcionarios del ejército, la policía, el poder judicial, universidades, escuelas y otras instituciones efectuados en los últimos cuatro meses.
